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Opinión

No debe ser ministro

Por Sergio Caletti, Damián Loreti, Ricardo Forster *

Que sepamos, Abel Posse no redactaba directamente los discursos de los genocidas de las Juntas Militares de la dictadura de 1976, aunque no se privó de participar en ella desde oscuros rincones. Sin embargo, parece haberse decidido a redactarlos ahora, treinta y tres años después. La institucionalidad democrática le parece un escenario apropiado para aplicar sus destrezas de escritura a favor del discurso del terrorismo de Estado, hasta tal vez mejor que la propia dictadura. Por cierto, lo hace en la época en que tal discurso puede encontrar la oportunidad de sostenerse en el voto de quienes estén dispuestos a apoyarlo. Un gobierno democráticamente electo lo designa ministro de Educación. Pone bajo su conducción la educación de los niños y jóvenes que en un futuro próximo serán, muchos de ellos, estudiantes universitarios.

Lo que nos parece gravísimo no es su presunto ánimo polémico, que no lo tiene, porque todo en su discurso es apología del terrorismo de Estado, denigración de la defensa de los derechos humanos, humillación de los pobres y desamparados, difamación macartista de las izquierdas, del progresismo y de las memorias históricas y políticas. Su discurso conforma una pieza memorable del uso del lenguaje al servicio del mal, la violencia estatal autoritaria, el crimen de Estado legitimado por la razón de la fuerza. Es un discurso que convierte a gran parte de la población en enemiga delicuencial y víctima de la ley y el orden proclamados en sus versiones perpetradoras del horror, y por ello mismo adversas a toda norma, a toda convivencia, al menor asomo de una condición colectiva democrática.

Lo que nos parece gravísimo es que un ministro de Educación designado se permita formular semejantes nociones y que además pretenda hacerlas pasar por la expresión pública de una labor intelectual.

Lo que nos parece gravísimo es que se presuma, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la línea que ha sido atravesada por Abel Posse con sus infamantes y denigratorias palabras de violencia y crimen pueda ser tolerada por quienes profesamos un compromiso con la educación, la convivencia democrática y la apelación a la política como camino para dirimir diferencias y conflictos sociales, en lugar del crimen y la represión.

Lo que nos parece gravísimo, entonces, no son sus opiniones –harto conocidas desde siempre–, sino el lugar desde el que se lo habilita para enunciarlas.

Desde nuestro ámbito, como docentes, educadores e investigadores de la universidad pública, no podemos asistir a semejante acontecimiento sin manifestar nuestro horror y profundo e irreductible repudio ante lo que de ninguna manera constituye una polémica, sino un liso y llano atentado contra la vigencia de los derechos humanos y la democracia.

Llamamos a todas las comunidades educativas y a las fuerzas sociales, políticas y sindicales democráticas al pronunciamiento y la movilización contra el acto de lesa convivencia democrática que implica la designación de Abel Posse como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

* También firman, entre otros docentes de la UBA, Alejandro Kaufman, Henoch Aguiar, Fabián Bosoer, Oscar Moreno, Oscar Bosetti, Ana Amado, Pablo Alabarces, Osvaldo Baigorria, Christian Ferrer y Glenn Postolski.

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Opinión

Carta a Mauricio Macri

Por Gastón Chillier *

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para solicitarle un pronunciamiento público respecto de las declaraciones de su flamante ministro de Educación, Abel Posse, vinculadas con el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país al que consideró “un ejercicio de venganza disfrazado de justicia”. El CELS, que trabaja hace treinta años por la consolidación de los derechos humanos como ideario democrático en nuestro país, considera que es fundamental que el jefe de Gobierno aclare a la sociedad si comparte o desaprueba las opiniones de su ministro y si éstas guardan relación o no con la política de Estado de su gobierno en esta materia.

Teniendo en cuenta la función fundamental que tiene la educación como espacio privilegiado de transmisión de valores en una sociedad, y la importancia del proceso de verdad y justicia para la consolidación de la democracia y la construcción de ciudadanía, es indispensable que el jefe de Gobierno de la ciudad aclare si las opiniones vertidas por su ministro han sido realizadas “a título personal” o si obedecen a los lineamientos políticos que su gobierno sostiene en relación con las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar y con el deber del Estado de investigar y juzgar a sus responsables.

Hoy, a veintiséis años del retorno de la democracia, y tras un camino que alternó justicia, impunidad y derecho a la verdad, se ha reabierto en nuestro país un proceso que promueve la superación de los efectos del terrorismo de Estado y el fortalecimiento de la democracia. La apertura y el avance de una gran cantidad de causas judiciales que se encuentran en trámite marcan un punto de inflexión que debe ser sostenido con el compromiso de los gobiernos con la verdad y la justicia. Por lo demás, diversas decisiones de la Corte Suprema, del Congreso de la Nación, de distintos tribunales del país y de tribunales internacionales de derechos humanos ratifican la legitimidad del proceso de verdad y justicia en Argentina en el marco del respeto al estado de derecho y a las garantías del debido proceso y sostienen que se trata de un modelo que debe ser seguido por muchos otros países.

Por ello, entendemos que la consideración de este proceso institucional –-que atraviesa a todos los poderes del Estado– como un “ejercicio de venganza” implica un desprecio de los valores democráticos, que no se condice con la responsabilidad pública que se le ha conferido al ministro Abel Posse. Y por esta misma razón es crucial que la sociedad conozca cuál es la posición del jefe del Gobierno porteño sobre el proceso de justicia de los responsables de crímenes de lesa humanidad, sobre el que se sientan las bases profundas de la gobernabilidad democrática en nuestro país.

* Director ejecutivo del CELS.