El juez Rodolfo Canicoba Corral ya tomó las primeras medidas en la causa en la que investiga si los diputados Federico Pinedo (PRO) y Juan Carlos Vega (CC) incurrieron en una “estafa procesal” en la que indujeron a error a la jueza María José Sarmiento. Si a la larga el magistrado diera por probado que la estafa existió, podría quedar anulada la causa del fuero contencioso. La investigación se abrió con una denuncia del procurador General del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, y sostiene que Pinedo y compañía le pidieron a la jueza que transformara lo que originalmente era una acción de amparo en un juicio ordinario con el sólo objetivo de desintegrar la Cámara en lo Contencioso Administrativo y evitar que pudiera pronunciarse la semana pasada sobre la medida cautelar que bloqueó las reservas del BCRA. Sólo con la modalidad de un juicio ordinario podían recusar sin causa –como lo hicieron– al camarista José Luis López Castiñeira y dejar al tribunal con un único juez en funciones. La denuncia sugiere que la jueza fue partícipe de la movida. Canicoba –quien actúa en este caso subrogando a Julián Ercolini– ya pidió copias y certificaciones de una parte de la causa al juzgado y a la Cámara. Si pidiera directamente la causa quedaría paralizado el trámite de la medida cautelar, pero cerca del juzgado federal porteño dicen que una iniciativa tan extrema podría darse pero más adelante, una vez que el tema tenga un pronunciamiento de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.