Bajo instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner, el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, comenzaban ayer a diseñar la estrategia judicial que seguirán en función del informe que denuncia la compra de las acciones de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en 1976, durante la dictadura militar. El punto de partida será, probablemente, una presentación en el juzgado de La Plata de Arnaldo Corazza, quien investiga los crímenes cometidos en centros clandestinos del llamado “circuito Camps”, entre ellos las privaciones ilegales de la libertad y torturas sufridas por directivos de la empresa proveedora de papel e integrantes de la familia Graiver, que era dueña de la mayor parte de su paquete accionario. La denuncia, todo indica, vinculará los secuestros con la transferencia compulsiva de las acciones de la empresa.

En realidad, ya hubo una primera denuncia para que se investigue si hubo delito en la venta de las acciones de Papel Prensa que hizo el Juzgado Civil y Comercial 2, de Eduardo Malde, a cargo de un expediente por la administración de la empresa. Malde había recibido la notificación de los testimonios que dieron en una asamblea de accionistas Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover, viuda y ex testaferro, respectivamente, de David Graiver, que era socio mayoritario de Papel Prensa. Ambos vincularon la persecución que sufrieron entre 1976 y 1977 y con la venta de la firma. El caso le tocó al juez Daniel Rafecas, quien el 7 de julio último se declaró incompetente y planteaba girar el caso al juzgado de Corazza. Su resolución decía que no se pueden escindir “los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieron por víctimas a una serie de personas vinculadas con la firma Papel Prensa y la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones de esa empresa que se encontraban en propiedad, ya sea por sí o por terceros, de la familia Graiver”.

Entre marzo y abril de 1977 fueron detenidos varios miembros de la familia de David Graiver –quien murió el 7 de agosto de 1976 en un extraño accidente aéreo en México–, entre ellos su padre, su madre, su esposa y su hermano. Los secuestraron grupos de tareas que reportaban a Ramón Camps y Miguel Etchecolatz y estuvieron en el centro clandestino Puesto Vasco. Un tiempo antes habían firmado el traspaso de las acciones de Papel Prensa a Fapel (que nucleaba a Clarín, La Nación y La Razón). Rafecas, pese a desprenderse de la causa, deslizó conceptos significativos, en base a los testimonios que tuvo en su poder. Las detenciones ilegales en cuestión, para el juez, aparecen “claramente motivadas en las finalidades de apropiación de las acciones de la empresa”. Dijo que aun cuando no habían sido consumados los secuestros, la sola amenaza de “su futura concreción” funcionaba como “coerción dirigida a conseguir la suscripción de los convenios” y luego, ya concretado el delito contra la libertad, como un mecanismo destinado a asegurar y “perfeccionar la operatoria sin obstáculos”.

El texto de Rafecas deja en claro la posible comisión de delitos de lesa humanidad que, de todos modos, ya fue definida cuando fue sentenciado a presión perpetua el ex capellán Cristian Von Wernich como partícipe de la privación ilegal de la libertad y tormentos, entre otros, de Osvaldo Papaleo (hermano de la viuda de David Graiver), Eva Gitnatch de Graiver (madre de David) y Enrique Brodsky (suegro de Isidoro Graiver, hermano de David). Una de las cuestiones con las que se topará Corazza son las diferentes versiones que hay de dos sectores de la familia: mientras la viuda de Graiver y su hermano se han referido a la venta forzosa de Papel Prensa, Isidoro Graiver negó haber tenido presiones para la venta de parte de la dictadura.

En la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos están analizando los hechos y pruebas documentales que permitan sostener la conexión entre las detenciones y el traspaso accionario. En la Secretaría de Comercio preferían que la denuncia se hiciera ante el procurador general, Esteban Righi, y creen que tarde o temprano irá al fuero federal porteño, donde tramitó, en el juzgado 6, la investigación hecha en 1986 por el fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas. Lo que es seguro es que serán denunciados Videla, Massera, Martínez de Hoz, otros funcionarios de entonces y todos los empresarios y apoderados de los diarios vinculados a la compraventa de Papel Prensa.