La defensa de Clarín, La Nación y La Razón se reduce a una cuestión cronológica. Los accionistas privados de Papel Prensa insisten en que la transferencia del paquete accionario por parte del Grupo Graiver se efectuó cinco meses antes de que fueran secuestrados la viuda, los padres y el hermano de David Graiver, junto con su contador Jorge Rubinstein, quien murió en la mesa de torturas. Es una discusión algo bizarra.

Desde España, donde reside, el ex periodista de Clarín Miguel Carlos Abasolo Etchemendigaray, DNI 18.718.826, recuerda un episodio de notable similitud con lo que ahora se debate. “En la primera semana de febrero de 1976 Clarín hizo un despido masivo y simultáneo de más de 300 trabajadores mediante telegrama colacionado, alegando como causa el ‘desarrollo de actividades contrarias a la seguridad del Estado’. Creo que eran 342”, dice Abásolo, a quien le consta porque fue uno de los destinatarios del telegrama. “En la bolsa de elegidos estaban todos los de militancia política o gremial que la empresa consideraba inamistosa, más un montón de perejiles (ahí entraba yo), que por diferentes razones tampoco eran vistos con cariño”, dice. El secretario general de la Comisión Interna era El Chino Oscar Martínez Zemborain, electo junto con Jorge Azcárate y Blanca Rébori en el ocaso de la dictadura de Lanusse, luego de varios años sin representación gremial por el despido después del golpe de Onganía de la Comisión que encabezaba Eduardo Jozami. Abásolo agrega que luego del telegrama, Clarín hizo saber “por izquierda su voluntad de negociar las indemnizaciones para que no hubiera juicios. Esto se tradujo en tran-sacciones por la mitad del monto que hubiera correspondido por ley. Las negociaciones se hicieron en una oficina céntrica, fuera del diario, y las presidía el Gerente de Personal. En la antesala, el clima era de bastante miedo, según la persecuta del despedido, por el impacto que causó el contenido del telegrama. El cagazo que generó ese texto fue tal que nadie reclamó la indemnización entera ante la justicia. La onda era, callate la boca, firmá aquí (sin leer), agarrá la guita, y andate. En 48 horas pagaron y junto al dinero entregaron el certificado de trabajo para las cajas de jubilaciones. Todavía lo tengo en casa”. Esto sucedió un mes y medio antes del golpe del 24 de marzo de 1976, fecha oficial de comienzo del terrorismo de Estado. Nadie forzó a Clarín a hacerlo. Igual que con el caso Graiver, la afinidad ideológica y la conveniencia tuvieron más peso que el miedo.