Viernes, 31 de diciembre de 2010 | Hoy
La ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, pidió ayuda a Estados Unidos, Japón, Irlanda y otros aliados de Inglaterra para “destruir” a la Argentina en el marco de la guerra de Malvinas. Así lo revelaron documentos de los Archivos Nacionales desclasificados por el Reino Unido y reproducidos por el diario inglés Belfast Telegraph. Allí, la Dama de Hierro instó al primer ministro irlandés, Charles Haughey, a “golpear duro” al país y a las “tropas invasoras argentinas” tras el conflicto desatado por el operativo de recuperación por la fuerza de las islas. “Ahora busco su ayuda personal para implementar la introducción urgente de medidas económicas y financieras contra Argentina, tras una acción coordinada contra nosotros”, pidió Thatcher a Haughey, quien estimó que las medidas “tendrían un impacto particularmente poderoso” contra el régimen de Leopoldo Galtieri. En el mensaje, clasificado como “personal y confidencial”, la mandataria afirmó que los argentinos “habían dejado en claro” que desafiarían la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 3 de abril de 1982 de retirar sus fuerzas de Malvinas. En ese marco, la gobernante admitió abiertamente que las sanciones de la ONU golpearían tanto a la economía irlandesa como a la Argentina. “Sé que estas medidas afectarán sus intereses económicos”, explicó en el mensaje, pero insistió en que la medida obligaría al gobierno argentino “a entrar en razón”. Además de una prohibición completa al abastecimiento de armas y un embargo a las importaciones argentinas, Thatcher también pidió a Irlanda prohibir las garantías de crédito y préstamos internacionales al país. Según los documentos desclasificados, Thatcher hizo pedidos similares a los “aliados naturales” de Gran Bretaña, incluidos los Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, “amigos cercanos” a los que debió recurrir pues sospechaba que la Unión Soviética bloquearía cualquier sanción propuesta por la ONU. Los informes se hicieron públicos en virtud de una ley que permite desclasificar documentos secretos guardados en los Archivos Nacionales a treinta años de su emisión.
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