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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi abrió una investigación para determinar si se pagaron sobreprecios en la construcción de las viviendas sociales de la Fundación Misión Sueños Compartidos, si se construyeron todas las casas para las cuales se desembolsaron fondos públicos, si la construcción respetó las características y materiales pactados y si los organismos estatales controlaron qué se hizo con el dinero destinado. Por eso ayer, como primeras medidas, les pidió a los gobiernos de Misiones, Chaco, Santiago del Estero y a cinco municipios los antecedentes y contratos que firmaron con la fundación de Madres de Plaza de Mayo “en el marco del Plan Federal de Vivienda”; a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Sindicatura General (Sigen) les requirió los expedientes que se hayan abierto –si los hubiera– para control de la ejecución de los fondos y las obras; mandó también oficios al Banco Central para rastrear cuentas y a la Inspección General de Justicia.

El expediente del que se ocupa Martínez de Giorgi se abrió por la denuncia de un abogado, Jorge Luis Vitale, quien pidió que se investigara al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; al ministro de Planificación, Julio De Vido, y a la titular de Madres, Hebe de Bonafini. De todos modos, por el momento la causa no se dirige contra nadie en especial ni hay imputados. Sólo la orden de una serie de medidas que pidió, al impulsar la pesquisa, el fiscal Miguel Angel Osorio. Este expediente corre por separado del que conduce Norberto Oyarbide, que está focalizado en el papel del ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, de su hermano Pablo y de otra decena de personas vinculadas con la entidad y con un grupo de empresas a través de las cuales se sospecha que se desviaron fondos de su verdadero objetivo: la construcción de viviendas para personas de pocos recursos. El portentoso patrimonio de Schoklender, que incluye por lo menos un avión, un yate y una Ferrari, alimenta esa hipótesis.

En el juzgado de Martínez de Giorgi parten de la base de que los fondos destinados a estas obras provienen del Ministerio de Planificación, que se los gira a provincias y municipios como parte del Plan Federal de Viviendas. Es el planteo que presentó en un escrito el propio ministro De Vido. Pero no está claro, explican allegados al caso, si el dinero es entregado como préstamo o en otro carácter, algo que se está intentando dilucidar. La Fundación Sueños Compartidos viene construyendo estas casas en Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Bariloche, Rosario, Ezeiza, Almirante Brown y Tigre. Al declarar ayer en el Congreso, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, dijeron que la relación con la Fundación de las Madres la establecen los municipios y provincias, no el Ministerio de Planificación (ver aparte).

La investigación intentará despejar qué tipo de contrataciones puede suscribir la Fundación Sueños Compartidos y cuál fue el circuito de los fondos destinados, hasta ahora, a 4465 viviendas. Además de reclamar todos los documentos disponibles a las distintas jurisdicciones, Martínez de Giorgi le pidió al Banco Nación conocer las cuentas bancarias de la Fundación y a la IGJ su constitución societaria. A eso se suma un rastreo de mecanismos de control que se hayan aplicado desde los organismos públicos. Por lo pronto, los potenciales delitos en la mira son violación de deberes, malversación de fondos, defraudación y abuso de autoridad.

En tribunales no descartan que en algún momento las causas de Oyarbide y Martínez de Giorgi terminen unificadas. Por ahora van en paralelo. Los allanamientos dispuestos ayer por Oyarbide apuntan a detectar adónde tiene Schoklender, o las empresas vinculadas con él, sus bienes más lujosos. El objetivo es garantizar su inmovilidad, dada la inhibición general que fijó sobre su patrimonio y el del resto de los imputados. Así fue como ya detectó dos yates y ayer ordenó un procedimiento en el aeropuerto de San Fernando, en busca de uno de los aviones que estaría a nombre de la firma Meldorek, de la cual el ex apoderado de Madres es dueño del noventa por ciento. En el dictamen donde impulsó la investigación, el fiscal Jorge Di Lello planteó los posibles delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.