Que sea rápido. En eso coincidían ayer el Ejecutivo porteño, los legisladores opositores y los damnificados por el derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232. Hoy se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda para analizar la expropiación del inmueble y dos resarcimientos: uno por los objetos que había dentro y otro por daños y perjuicios. “Esas tres cosas son las que piden los vecinos”, aseguraron a este diario los legisladores Martín Hourest (GEN) y Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, quien presentó un proyecto que incluye 25 mil pesos “por las molestias ocasionadas” a propietarios, inquilinos y vecinos. “Encontré un departamento parecido al mío, en la misma cuadra, que cuesta alrededor de 1900 dólares el metro cuadrado. Se lo voy a mandar a todos los legisladores, para que vean que no exageramos el precio”, comentó anoche Mónica Nizzardo, una de las damnificadas del edificio derrumbado.

Hoy a las 11.30 se debatirán cuatro proyectos de ley. Todos ellos plantean que los vecinos deben recibir el dinero suficiente para comprar un departamento similar en metraje, ubicación y categoría al que poseían. El macrismo, a través del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, envió una iniciativa que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el inmueble y pone como tasador al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa no plantea otros resarcimientos.

Por las “circunstancias particulares del caso”, según este proyecto, “se tomará como valor del mismo el valor de mercado que el bien tenía al 3 de noviembre de 2011”, es decir, un día antes del derrumbe. La ley marco de expropiación indica que se debe pagar lo que el inmueble cuesta al día de la sanción. Si se hace una excepción, el proyecto debe tener “doble lectura”: tiene que sancionarse, aprobarse luego en una audiencia pública y luego votarse nuevamente en la Legislatura porteña.

“Si se toma este camino, los vecinos podrían recibir el dinero recién en tres o cuatro meses”, comentó Epszteyn. Para enmendar esta situación, anoche el presidente de la Comisión de Presupuesto, el macrista Alvaro González, estudiaba la posibilidad de que se expropie sólo el terreno y se arme un fondo monetario que surja de restar al valor de los departamentos, el costo del terreno. Así, se podría expropiar más rápido. El proyecto original enviado por Grindetti no incluye un plus presente en las iniciativas de Hourest y Epszteyn: que el gobierno porteño cubra los gastos de las futuras operaciones inmobiliarias.

Hourest presentó su iniciativa junto con Claudio Presman, Rubén Campos y otros legisladores. En su artículo 5, el escrito propone subsidios para propietarios e inquilinos por el valor de seis meses de alquiler del departamento que habitaban y un resarcimiento de hasta 50 mil pesos “para la compra de los bienes que fueron afectados a consecuencia del siniestro”. Hourest aseguró haber trasladado a las autoridades del gobierno la preocupación de los vecinos por las pertenencias que están bajo los escombros. “La restitución es socioambiental, pedí salvaguardar todos los objetos personales”, dijo.

Hoy también se debatirá el proyecto de Epszteyn, el último en presentarse, y que eleva el monto del subsidio por los daños dentro del inmueble a 100 mil pesos. Además, el texto determina en su artículo cuarto “un sistema de reparación que garantice el resarcimiento de los daños y perjuicios generados a todos aquellos afectados” para quienes viven en los alrededores del edificio de la calle Mitre. También requiere al Ejecutivo porteño a iniciar “sumarios, acciones penales y civiles pertinentes” contra los responsables del derrumbe.

El cuarto proyecto es el presentado por la legisladora Silvina Pedreira (PJ), quien propuso, en un principio, una indemnización de 50 mil pesos. Esta iniciativa deja en manos del gobierno porteño los requisitos que deberán cumplir los destinatarios del subsidio. Los vecinos lo rechazaron de plano. “Queremos la plata de los departamentos, lo que corresponde por lo que teníamos dentro y la reparación porque yo estoy faltando al trabajo por todo esto”, dijo ayer Nizzardo, quien sigue buscando nuevo hogar.

Si hoy se aprueban los dictámenes en juego, mañana podrían tratarse y votarse en la Legislatura, donde hay consenso sobre la urgencia que viven los propietarios e inquilinos de los 31 departamentos. Algunos pidieron entrar para sacar sus documentos personales. La respuesta fue negativa. El edificio, al parecer, está en constante movimiento y puede terminar de derrumbarse. Por suerte, comentó Nizzardo, hay cámaras para evitar saqueos: hay un tesoro entre los escombros.

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