Viernes, 17 de febrero de 2012 | Hoy
EL PAíS › LA PRESENCIA DE FUNCIONARIOS EN LA SALA
Desde el inicio del juicio, la presencia de funcionarios del actual gobierno provincial quiere funcionar como una declaración de principios que los aleje de la cuestionada gestión de Miranda.
Por Marta Dillon
Apenas iniciada la audiencia de ayer, el abogado defensor de María Jesús Rivero y su hermano Víctor, Cergio Morfil, pidió la palabra y se mostró indignado. “Al César lo que es del César, señores jueces, a mí me dijeron que hoy iba a venir una persona del mundo del espectáculo a escuchar el juicio y eso no puede más que alegrarme (por Soledad Silveyra, que finalmente no asistió); pero no se puede tolerar que haya en la sala miembros del Poder Ejecutivo provincial. Mi clienta tiene una sensación de inseguridad que la descompensa. Y yo mismo me siento controlado en mi accionar.” Morfil se refería a la presencia del ministro de Seguridad de la provincia, Mario López Herrera, quien asistió al inicio de la jornada junto al jefe de la Unidad Regional Capital, el comisario Antonio Quinteros. Mientras el abogado se indignaba, Jesús Rivero ponía en escena un llanto que se disipó pronto, apenas el Tribunal dejó sin lugar a la protesta. “Le pido que suspenda la audiencia al menos por media hora, hasta que mi clienta se recomponga”, insistió sin éxito.
La presencia de funcionarios políticos del área de Seguridad, más allá de la escena montada en la mañana, no pasó desapercibida. Era una fuerte declaración de principios después de las acusaciones contra la gestión de Julio Miranda que Susana Trimarco había emitido el día anterior. El mismo López Herrera quiso dejar en claro tanto su compromiso como la desvinculación de su gobierno con las redes de trata. “Tucumán creó la primera brigada de investigación especial para este tipo de delito y nuestros agentes, que se forman con capacitaciones que brinda la Fundación María de los Angeles –que preside Trimarco–, a la vez dan capacitación en otras provincias.”
–Sin embargo llama la atención que un lugar como el Derby, señalado por el testimonio de Milheim como un burdel, siga funcionando de la misma manera desde hace 18 años –-señaló este diario al ministro.
–La policía es auxiliar de la Justicia –dijo el ministro– y es desde ahí que deben salir las órdenes para revisar los locales, ver qué habilitación tienen y qué actividad. Pero más allá de eso si estamos aquí es porque no vamos a permitir que vuelva a suceder lo que sucedió en otra época.
Si hacía falta algo más para dar cuenta del eco político que tiene el juicio por Marita Verón en Tucumán, el miércoles a la noche se realizó una serie de allanamientos a prostíbulos de la zona de Tafí Viejo que resultaron en seis menores rescatadas y otras dos mujeres mayores. En el operativo participó la Oficina de Rescate de Personas en situación de trata cuyos representantes asisten al juicio desde su inicio.
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