El pase a retiro del comisario Mario Briceño y el próximo relevo del subsecretario de Derechos Humanos, Fernando Cano, y de su abuela desalmada, reflejan el creciente aislamiento del ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal. Casal intentó presentar como parte de un movimiento de rutina el despido de Briceño, quien encubrió el asesinato de dos trabajadores informales en el barrio La Cárcova y es sospechado como parte de las connivencias narcopoliciales en el asesinato de Candela Rodríguez. El gobernador Daniel Scioli le había ofrecido la Secretaría de Derechos Humanos a Eddie Binstock, del Movimiento Evita, pero Casal lo vetó , porque en su anterior desempeño recogió las denuncias que se formulan en los barrios contra los abusos policiales. Si no bastaron la desaparición de 190.000 inexplicables pesos de la caja fuerte y el estrépito de la notebook robada y devuelta de madrugada, en un café, con presencia de oficiales de la policía, la paliza que un grupo de fornidos patovicas le propinó a los empleados de la Secretaría al grito de “dónde están los zurdos” decidió a Scioli. Desde que la Legislatura creó la Comisión Provincial por la Memoria y Felipe Solá la Secretaría de Derechos Humanos, ha habido tensión por sus roles. La Comisión nunca aceptó ocuparse sólo de los juicios y las reparaciones por las violaciones del pasado y eso la llevó a erigirse en una fuerza respetada, cuyos informes anuales sobre cárceles y comisarías son temidos por el gobierno. La Secretaría osciló según quien fuera su titular, hasta hozar en el lodo de la última escandalosa gestión. Sus trabajadores, entre quienes se produjeron renuncias masivas, denunciaron que Sara Derotier de Cobacho no cumplió con la promoción y reafirmación de los derechos humanos “en la sociedad y en los poderes públicos”, que le encarga la ley 13.757. En documentos públicos señalaron la “suspensión de las visitas a unidades penitenciarias y comisarías para relevar las condiciones de detención de las personas alojadas en ellas” y a los “servicios locales de protección y promoción de los derechos del niño”; el estancamiento de las acciones en beneficio de pacientes con VIH, adultos mayores, migrantes, indígenas y personas trans. Por ilustre que sea el apellido de quien asuma, esta tensión entre pasado y presente seguirá siendo la clave. Con su inagotable repertorio de golpes de efecto, Casal designó a una jovencísima abogada como nueva directora del Servicio Penitenciario, en una apuesta sutil a la autonomía de sus camaradas. En el mismo acto, inauguró con Scioli una nueva alcaidía para cerrar todos los calabozos en comisarías de La Plata, Berisso y Ensenada, reclamo que la Corte Suprema de Justicia formuló hace ya siete años. Pero el número total de personas privadas de la libertad no se modificó y el trasvasamiento desde las comisarías a las unidades del SPB, sin un incremento equivalente de cupos, sólo aviva las llamas del infierno carcelario.