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El planteo pionero de Clarín fue evitar que se discutiera la ley en el Congreso, lo perdió, como era de manual. Entonces presentó la cautelar y la demanda de inconstitucionalidad. Pero se sinceró ante Su Señoría: la demanda de fondo se iniciaba al solo efecto de pedir “no innovar”. Tanto era así, que la actora se reservó el derecho de ampliar su escrito de inconstitucionalidad, redactado pobremente y sin ofrecer prueba. Fue consistente con su palabra: le metió pata a la cautelar, dejó hibernar el otro reclamo.

Los tribunales lo forzaron a que cesara ese abuso. Entonces dedujo una ampliación de demanda, con nuevos argumentos y ofrecimientos de prueba. Las fechas algo dicen: la ampliación coincidió con el affaire Redrado, un trance en el que se creyó debilitado al kirchnerismo.

La Corte fue severa y minuciosa cuando le marcó a Clarín que se tomó un año para la pedestre tarea de notificar la demanda. Y le avisó: esa demora no puede ser alegada a favor, nadie puede beneficiarse de su propia torpeza. Así las cosas, los Supremos hicieron responsable a la actora de la morosidad del pleito.

Opineitors varios y la empresa acusan al Estado de haber entorpecido el trámite. Los letrados oficiales refutan, con buenas razones. Sólo pidieron una prórroga, atípica aunque justificada, allá por diciembre de 2011, cuando se produjo el cambio de gobierno. Gabriel Mariotto dejó su cargo, pasó a la vicegobernación, se solicitaron unos días para acomodarse a la nueva contingencia y ofrecer la prueba. El juez clarinista Edmundo Carbone aceptó, lo que demuestra que no hubo ni mala fe.

El Estado impugnó algunas pruebas, como la pertinencia de los testigos ofrecidos por Clarín. La empresa hizo lo mismo. El magistrado les dio la razón a ambos.

Clarín propuso frondosas pruebas, tres pericias (contable, económica y técnica). Los abogados estatales se relamían ante la perspectiva de acceder a un coto cerrado: los libros de Clarín. Pero hubo doble discurso: jamás se abrieron los documentos a los peritos ajenos y a la contraparte. La pericia sigue pendiente por el escamoteo de quien la ofreció. En algún momento, si no revoca su actitud, el juez podrá dársela por perdida, de oficio o a pedido de la contraria.

Así que, hoy día, falta producir prueba, zanjar numerosas objeciones de las dos partes (no de una). Si se terminara esa etapa, llegaría el plazo para alegar, recién después el expediente quedaría en condiciones de ser sentenciado. Los plazos corren por días hábiles procesales, ninguno es breve.

Especialistas, abogados, jueces de otras comarcas, acaso algún cortesano atento concuerdan: nada es imposible en el mundo real, es casi imposible que la sentencia se anticipe a diciembre.

El Juzgado de Primera Instancia está vacante desde que se jubiló Carbone. No hay sustituto designado. Otros magistrados, rotativamente, firman el despacho diario.

Clarín se apura, como esos equipos de fútbol que “hicieron tiempo” durante 80 minutos y se comieron un gol sobre el final. De nuevo, no habla la mente conspirativa del cronista: son confesiones de parte, que constan en actas.