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Cuando ocurrió parecía un manotazo de ahogado. En la Casa de Gobierno quemaban los números y los casos de secuestros parecían multiplicarse sin límites. El caso de Diego Peralta, el chico desaparecido y asesinado en El Jagüel, conmovía a la opinión pública. Para neutralizar el hervidero, en setiembre del año pasado el presidente Eduardo Duhalde convocó a su ex ministro León Arslanian para formar una comisión de notables que trabajara exclusivamente en la elaboración de un paquete de leyes antisecuestros. A siete meses de la primera reunión, de la elaboración de la batería de proyectos y de la “firme decisión” del Gobierno de ponerla en práctica, las supuestas soluciones todavía no llegaron. Para el Ejecutivo, la culpa es del Congreso, que aún no ha tratado las leyes. En la comisión de notables reina la idea de que las culpas, en todo caso, están repartidas.
El nuevo secuestro de los Macri provocó, entre otras reacciones, el reflote de una discusión eterna: las demoras de la mentada batería de leyes destinadas a desactivar una de las cuestiones que ha cobrado el rango de cuestión de Estado. El secuestro de la hija de Franco Macri es, para los especialistas de la comisión, exactamente eso: un secuestro de una cuantía no sólo física o material sino simbólica. El caso de Florencia, explican, es como el secuestro de un ministro o un embajador. Para el Gobierno tiene ese peso, y en el escenario preelectoral cualquier tipo de demoras –incluso en las leyes– tiene costo político.
En ese marco, el Ejecutivo pidió velocidad. Esta vez lo hizo a través del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof. En su habitual rueda de prensa se quitó de encima el problema y deslindó las culpas por la demora de las leyes en el Congreso: “Quiero expresar nuestra alegría y pedirle al Parlamento que dé rápido tratamiento a los proyectos que surgieron de la Comisión Especial para atender el tema de los secuestros”.
En diálogo con Página/12, León Arslanian habló de la batería de leyes y de las responsabilidades. La comisión que presidió trabajó durante 15 días contra reloj para estudiar propuestas que pretenden entorpecer el trabajo de las bandas y acelerar las investigaciones. En ese lapso, entregó el proyecto a dos destinatarios: “Unas eran de tipo legislativo, medidas que tenía que tomar el Congreso para reformar, entre otras cosas, el Código Penal y el de Procedimiento –explica Arslanian–. El otro aspecto eran medidas para el Ejecutivo, de tipo administrativo”.
En este momento, ni unas ni otras están en vigencia. El Ejecutivo tenía que crear un Fondo Permanente de Recompensa para quienes pudiesen aportar datos durante la investigación y un Programa de Asistencia a las víctimas y protección a testigos imputados. El Congreso, en tanto, debía encarar un trabajo más fino sobre varios aspectos:
u Aumento de penas: la modificación del Código Penal que toma como criterio elevar las penas de 15 a 25 años de prisión en caso de muerte culposa, y de reclusión o prisión perpetua si muere la víctima. Si el secuestrado fuera menor de 18 años, mayor de 70 o fuese una mujer embarazada, las penas propuestas son de 10 a 25 años.
- Figura del arrepentido: se propuso una reducción de penas en los casos de arrepentidos.
- Creación del Programa de Inteligencia Criminal: pensado para prevenir e investigar secuestros con una central común de datos de las fuerzas de seguridad.
- La Reforma de la Ley de Regulación del Servicio de Telecomunicaciones: para que las empresas prestadoras cooperen con las escuchas.
Todas estas cuestiones, cuyas garantías jurídicas y constitucionales fueron cuidadosamente estudiadas por quienes componían la comisión, apuntan básicamente a acelerar la búsqueda de las víctimas y a desalentar promotores. En setiembre, la urgencia de Duhalde era tal que la comisión sumó entre sus integrantes a los presidentes de las comisiones parlamentarias por las que pasaría el proyecto. En esas condiciones se sumó Jorge Agúndez, el senador puntano radical que presidía la Comisión Penal: “Para ganar tiempo –explica Agúndez a Página/12– nos pusimos atrabajar todos y ahora han pasado meses y no se le dio la importancia que ahora se hace más real”.
Las demoras parlamentarias también tienen explicaciones. Aunque parezca extraño, el atraso no estuvo inspirado en cuestiones conspirativas o desacuerdos políticos. La causa fue la reforma del esquema de comisiones parlamentarias. Las comisiones pasaron de 48 a 24 y ahora la vieja Comisión Penal sumó funciones e integrantes dispuestos a estudiar y revisar todos los aspectos. Aunque Agúndez espera poder lograr un tratamiento rápido durante esta semana, está convencido de que la comisión pedirá más tiempo.