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El histórico juicio por el fusilamiento de 19 presos políticos el 22 de agosto de 1972 atraviesa, en estos días de nostalgia y memoria, la recta final hacia el objetivo principal: probar que la Masacre de Trelew implicó delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, y condenar a sus responsables. La incorporación al proceso de una serie de documentos que la Armada mantuvo secretamente escondidos hasta hace poco más de un mes y el testimonio de un marino que entonces vio los cadáveres “hechos un colador de tiros” fueron los sucesos de más valor hasta el momento y, probablemente, sean los más importantes de la causa. Además, las querellas y la fiscalía valoran positivamente el aporte que realizaron la mayoría de los testigos que hablaron ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia y esperan con expectativas las últimas dos semanas de audiencias del juicio.

Tras un fallido intento de fuga del penal de Rawson, en la madrugada de aquel 22 de agosto de hace cuatro décadas, 19 jóvenes militantes de Montoneros, PRT-ERP y FAR fueron fusilados en la Base Almirante Zar de Trelew. La versión oficial de la Marina fue que nuevamente habían intentado fugarse. Pero tres de los fusilados lograron sobrevivir y, junto con otros testigos, contaron la verdad de la masacre.

Para las víctimas, las puertas de la Justicia recién comenzaron a abrirse en febrero de 2006, cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se hizo eco del pedido de un grupo de familiares de los militantes para que se iniciara una causa penal por las muertes. Seis años más pasaron hasta la llegada de la instancia definitoria, el juicio oral. Hace poco más de tres meses, y en audiencias que suceden en forma espaciada –dos semanas de cuarto intermedio por cada semana de actividad–, los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Cabrera de Monella intentan determinar la responsabilidad de los cinco marinos retirados acusados, Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini, Jorge Bautista y Carlos Marandino.

Que haya o no sentencia condenatoria depende del reconocimiento de las muertes como crímenes de lesa humanidad –como hasta ahora los consideró la Justicia Federal–. La condena no sólo encarnaría un acto de justicia para los familiares de las víctimas, sino que también serviría para insistir en la extradición desde los Estados Unidos del marino Roberto Bravo, el único sospechoso que esquivó el banquillo de los acusados. “Bravo logró la residencia estadounidense amparado en que nunca hubo denuncias en su contra, pero la realidad es que en la causa lo nombran desde el principio. La sentencia condenatoria servirá para insistir con traerlo de vuelta y juzgarlo”, explicó Carolina Varsky, abogada del CELS a cargo de la querella de los familiares.

“Después de 40 años, llegamos a la etapa final del juicio por los crímenes. No hay dudas de que los hechos ocurrieron tal cual los tres sobrevivientes pudieron declarar en su momento”, reflexionó Varsky, en referencia a los testimonios que Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger, sobrevivientes de la masacre, ofrecieron desde sus celdas en la cárcel de Devoto a la Justicia civil poco después del crimen. Luego, eternizarían ese relato en La Patria Fusilada, el libro que contiene la entrevista que los tres le dieron al poeta, periodista y militante Francisco Urondo. Todos ellos continúan desaparecidos.

“Hay que diferenciar entre lo que se reconstruyó desde la literatura con relación a la masacre y lo que tenemos que probar en el juicio”, advirtió el fiscal de Rawson, Fernando Gelvez –representa al Ministerio Público junto a Horacio Arranz, de Comodoro Rivadavia y Dante Vega de Mendoza–. “La literatura por sí sola no prueba nada. Son los jueces los que deben definir”, agregó.

Testimonio clave

El fiscal Gelvez coincidió con el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, Germán Kexel, en que el reciente testimonio del teniente retirado Agustín Magallanes fue clave. Sobre todo, por la impresión que provocó al tribunal. “No”, respondió cuando el juez Guanziroli le consultó si creía en la verosimilitud de la versión oficial de los hechos. La historia de Magallanes es importante porque se trata de un militar que estuvo en la Base Zar durante la madrugada de la masacre, vio los cadáveres “amontonados, hechos un colador de tiros” y participó de la reconstrucción de lo ocurrido dirigida por Bautista un día después de los asesinatos.

En aquella reconstrucción, Magallanes ofició de una de las víctimas. Entonces, escuchó a Del Real, Bravo, Marandino y a Sosa relatar, diferencias más o menos, lo que luego se convirtió en la versión oficial. “Los detalles de Magallanes son fundamentales porque permite plantear una contradicción entre lo que dijo Sosa ese día y lo que dijo en instrucción”, apuntó Kexel. Según el teniente retirado, ante Bautista, Sosa se ubicó al final del pasillo por el que se enfrentaban los calabozos cuando supuestamente los detenidos le hacen una toma de karate para intentar fugarse. En instrucción, se posicionó en el inicio de ese pasillo. “Es evidente que los dichos de Sosa son una creación exculpatoria de justificación de hechos que en realidad no existieron”, concluyó el abogado.

Otro punto importante del testimonio de Magallanes reside en las coincidencias que existen entre sus dichos, otros que ya se escucharon durante el juicio, y, fundamentalmente, lo determinado por el perito que participó de la instrucción, Rodolfo Pregliasco, quien declarará ante el Tribunal de Comodoro Rivadavia en la segunda semana de septiembre. Según Gelvez, Magallanes “dio detalles que coinciden con la pericia de Pregliasco en cuanto a cómo estaban distribuidos los detenidos en los calabozos y a las direcciones de los disparos”.

El avance

“Se está avanzando por buen camino”, aseguró Varsky en cuanto al avance del juicio hacia la definición de los fusilamientos como delitos de lesa humanidad. En ese sentido, el fiscal de Rawson indicó que lo acontecido hasta el momento “indica que hubo una persecución de determinados sectores de la población antes de 1972, que existía la tortura como plan sistemático para obtener de los presos información, que hubo asesinatos, algunas desapariciones y fusilamientos, todas cuestiones que formaban parte de una actividad ilegal por parte de la dictadura militar a cargo de (el presidente de facto Alejandro) Lanusse”.

Entre la veintena de testigos que ya participaron del juicio, las viudas de las víctimas Rubén Bonet y Humberto Toschi, Alicia e Hilda, respectivamente; los ex presos políticos Hernán Suárez, Luis Ortonali y Alicia Sanguinetti, los abogados Hipólito Solari Yrigoyen y Rodolfo Mattarollo, González Garland y Eduardo Luis Duhalde –su declaración se incorporó mediante lectura– aportaron, desde su propia experiencia, datos que permitirían enmarcar los fusilamientos en un contexto histórico de persecución política desde el Estado.

Los expedientes

Pero apareció un elemento más durante el proceso oral que permite integrar una visión del asunto desde la perspectiva del terrorismo de Estado: los documentos que la Armada mantuvo escondidos y que fueron incorporados en la causa hace poco más de un mes. Esos expedientes aportaron dos cuestiones centrales para el juicio.

Por un lado, la declaración ante la Justicia civil de Raúl Herrera, un capitán de la Armada ya fallecido que se desempeñaba como contador y que, según la acusación, fue partícipe de los fusilamientos. Los documentos aportan la primera palabra de Herrera sobre los hechos y prueba que la Armada trasladó al exterior a la mayoría de quienes participaron en los asesinatos e hizo todo lo posible para que no declararan. Además, en su testimonio, Herrera dio un punto de vista de los hechos que, si bien sigue la versión de la Marina, exhibe algunas fisuras. Por otro lado, los expedientes recuperan los papeles de trabajo de los abogados de la Armada en el marco del juicio civil iniciado por la familia de una de las víctimas. Allí se recomienda que el Estado –bajo la dictadura de Lanusse– se declare culpable de las muertes, porque las pruebas demostraban que no había habido un nuevo intento de fuga antes de la masacre. “Los abogados que defendieron a la fuerza decían que los juicios se perdían, lo cual abona la teoría de que en realidad no hubo intento de fuga de parte de los presos asesinados, sino que se trató de homicidios calificados”, dijo Gelvez.

Es muy poco lo que resta por analizar en la instancia oral. Durante la última semana de este mes darán testimonio familiares de algunas víctimas, la cineasta Mariana Arrutti –creadora del documental Trelew–, el teniente coronel Horacio Ballester, integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina, y la historiadora Vera Carnovale. El juicio continuará en la segunda semana de septiembre, cuando las partes recorrerán la base donde ocurrió todo. Los alegatos sucederían las últimas dos semanas de ese mes. Los cálculos preliminares indican que la sentencia del tribunal se conocerá a mediados de octubre.