Ambas partes abundan en errores no forzados. La denuncia del Grupo Clarín contra seis periodistas fue firmada por el estudio Sáenz Valiente, al que se encomiendan las causas más delicadas. Esto hace pensar que el CEO del grupo fue parte de la decisión, de la que debió retroceder ante la masiva respuesta adversa: Clarín ratificó la denuncia contra los funcionarios, pero excluyó a los periodistas. En 1993 se derogó el desacato, que tenía penas de hasta un año de prisión. En 2010 se despenalizaron las calumnias en casos de interés público, cuya pena era de hasta tres años. Clarín denunció a los periodistas por incitación a la violencia colectiva y coacción agravada, que tienen penas de hasta seis y diez años de prisión efectiva. Del otro lado de la red, el administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, demandó a los periodistas Luis Majul y Matías Longoni. En este caso fue una causa civil, pero Echegaray no pidió la rectificación, como prescriben los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y su demanda, por un millón de pesos más intereses en cada caso, tiene la misma o mayor aptitud intimidatoria que un hoy imposible juicio penal. Hasta ahora, ni Echegaray ni figuras de mayor jerarquía en el gobierno dejaron saber si seguirá adelante con su desatinado propósito, en pleno debate sobre la libertad de expresión.