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El presidente Néstor Kirchner firmó ayer otro decreto por el cual estarán obligados a declarar quienes integraron la cúpula de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem. No se trata de una declaración en el juicio oral, algo que ya está fijado en el caso de los jefes sino en una causa paralela que está a cargo del juez federal Claudio Bonadío y en la que se investigarán las irregularidades que hubo en la pesquisa del caso AMIA. Hugo Anzorreguy, titular de la SIDE durante la década del 90, deberá comparecer ante el magistrado y lo propio tendrán que hacer otros cinco ex jefes. La autorización no es total, remarca el decreto: no se permite revelar datos relaciones con otras actividades de inteligencia ni la identidad del personal de la SIDE o la ubicación o cualquier detalle de sus dependencias o instalaciones. Habrá que ver, en concreto, qué preguntas se negarán a contestar Anzorreguy, el ex jefe de la Sala Patria Patricio Pfinnen, el segundo de la SIDE, Juan Carlos Anchezar, el director de Contrainteligencia, Alejandro Brousson y un subsecretario administrativo del organismo.