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El martes último, el juez de Instrucción Jorge Adolfo López tomó declaración indagatoria a cinco de los ocho trabajadores imputados por resistencia y atentado a la autoridad, y por lesiones, en el marco de los hechos ocurridos en el Hospital Borda el 26 de abril pasado. Ese día, una movilización de estatales porteños reclamó el sobreseimiento de los acusados.

Los cinco citados por el juez se negaron a declarar y sus abogados presentarán un descargo por escrito en los próximos días, tras lo cual el magistrado tendrá diez días para resolver su situación procesal. Todos están imputados porque fueron detenidos durante los hechos ocurridos en el Borda.

Los imputados son la enfermera Cristina Salem, del Hospital Garrahan –una mujer con problemas de movilidad, que se traslada con la ayuda de un bastón–; Susana Bejarano, enfermera del Borda; la dirigente de ATE nacional Karina Maloberti, trabajadora del Senasa; el delegado de los Talleres Protegidos Horacio Melnik, y la fotoperiodista de un medio comunitario, Belén Rebollo. También están imputados, aunque aún no fueron citados, el padre de un paciente, y el médico Guillermo Puertas, jefe del pabellón 17 del Borda.

En esa causa, tanto el juez como la Cámara del Crimen rechazaron la pretensión del gobierno porteño de ser querellante en la causa. El argumento era que funcionarios de esa administración podían ser imputados en la causa, algo que finalmente ocurrió. También fue rechazada una presentación en el mismo sentido de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Otra denuncia, por “violación de cuidado previo a la demolición”, presentada por el legislador Fabio Basteiro en relación con los residuos de asbestos –una sustancia cancerígena presente en las chapas de fibrocemento que quedaron esparcidas en el lugar– fue derivada a otro juzgado.