El alboroto judicial que se generó el año pasado después de que Mauricio Macri revelara dónde y cuándo accedería a un aborto no punible la chica víctima de una red de trata fue en la misma época en que anunciaba su veto a la ley de aborto legal que había aprobado la Legislatura porteña y que reglamentaba esa práctica médica siguiendo los lineamientos marcados por la Corte Suprema, que indicó que cada jurisdicción debía dictar su reglamentación con un criterio amplio. El veto de Macri fue declarado inconstitucional en julio último por el juez Andrés Gallardo y cuestionado por el gobierno porteño. Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advierte que “todavía no se logra superar la incertidumbre médica sobre los abortos no punibles”.

En la Ciudad de Buenos Aires, la discusión sobre el aborto no punible quedó inevitablemente judicializada pese a las directivas de la Corte Suprema. La ley que aprobó la Legislatura el año pasado venía a reemplazar el protocolo que había firmado el ex ministro de Salud Jorge Lemus, que encerraba una regulación restrictiva y ponía requisitos cuestionados por el máximo tribunal, como exigir dictámenes de comités de expertos ante un pedido de interrupción del embarazo producto de violación o donde estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer. La norma votada garantiza un acceso despejado a ejercer ese derecho, pero el jefe de Gobierno la vetó. El juez Gallardo, además de declarar la inconstitucionalidad de ese veto, invalidó el protocolo restrictivo anterior a la ley. Pero está todo en discusión.

Uno de los puntos clave del fallo de la Corte Suprema del año pasado que esclareció los alcances del aborto no punible era que exigía protocolos de atención para poder llevarlos a la práctica y que cada jurisdicción estableciera su reglamentación, siempre tendiente a facilitar el acceso al aborto en condiciones seguras en los casos permitidos por la ley.