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Córdoba no volverá a ser la misma, después de la aparición en escena de un enigmático “agente encubierto” de la policía provincial, Juan “El Francés” Viarnes, que con su declaración a la Justicia abrió una caja de Pandora todavía sin fondo. La oscura trama que puso a la luz su confesión envuelve a las fuerzas policiales y sus esquirlas caen cada vez más cerca del gobernador José Manuel de la Sota, que se preciaba de combatir con mano dura al narcotráfico con un fuero especial. Esa narración, sostenida con una millonaria inversión publicitaria en los principales medios de la provincia, comenzó a derrumbarse con la primera entrega de septiembre del programa local de investigación periodística ADN por Canal 10, de la Universidad.

Así se pudo ver el testimonio de un conocido narcotraficante cordobés, que en una cámara oculta contaba cómo tributaba a la policía para poder “trabajar”. También relataba la manera en que los efectivos de la fuerza utilizaban parte de la droga incautada para venderla o plantarla en procedimientos truchos para armar causas. Lo que en la jerga local le llamaban “embagayamiento”. Pero el grueso de las revelaciones llegaría a partir de dos cámaras ocultas que el propio Juan Viarnes les hizo a sus ex cómplices de la Brigada de Drogas Peligrosas, en las que se demostraba un trato amable y familiar entre las partes.

Viarnes había estado preso en Córdoba hasta 2010. A poco de recuperar su libertad fue “reclutado” por Drogas Peligrosas, según él, amenazado para obligarlo a realizar tareas sucias. “Era una relación de sometimiento de la cual yo no podía salir”, contaría luego. Asegura que lo amenazaban con datos de su prontuario y le hicieron saber que su padre de noventa años y su hija que vive en Buenos Aires estaban en peligro. Queda claro que su aporte a la brigada no era para la investigación o resolución de causas.

Viarnes es un hombre de 56 años, rubio y de buen porte. Tiene facilidad para hablar, es entrador, convincente, negociador. Por eso la banda de narcopolicías le encargó tareas de negociación con narcotraficantes, cobro de coimas, estafas en la compra de vehículos con dinero falso e incluso apoyo logístico en golpes orquestados por los narcopolicías y ejecutados por bandas de asaltantes. Fueron más de tres años de “labor”.

El gran falsificador

El 18 de julio comenzarían a romperse esos acuerdos. Una operación de compra de un coche y de un ómnibus con dólares falsos provenientes de un procedimiento irregular terminaría con una denuncia y la posterior detención de El Francés. En el mismo accionar judicial se allanó la vivienda de Viarnes en barrio Urca –zona acomodada de la capital provincial– donde aparecieron 340 mil dólares apócrifos, pero de gran “calidad”. Ese fue el comienzo del tiempo de desgracia para los narcopolicías, que le soltaron la mano a un hombre que sabía demasiado.

Abandonado, El Francés decidió “prender el ventilador” y comenzó a revelar detalles sobre la bochornosa trama de la que había sido parte. Recuperó la libertad pronto, en menos de un mes, tras haber declarado profusamente ante el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba. Según él mismo admite abiertamente, lo hizo porque estaba amenazado de muerte y necesitaba protección.

Lo siguiente fue la investigación del programa televisivo ADN, conducido por el periodista Tomás Méndez, que incluía una serie de cámaras ocultas. El estallido televisivo del 4 de septiembre hizo que al día siguiente los policías aludidos pidieran licencia. Sólo 24 horas más tarde ocurrió la muerte de Juan Alós, de 32 años, uno de los oficiales de Drogas Peligrosas mencionados en el informe. Su cuerpo apareció con un tiro en la sien, dentro de su propio vehículo y en un escenario que se presentaba como suicidio.

Una multitud de policías, con móviles y de uniforme, participó del velorio en la ciudad de Alta Gracia. Luego se conocería que muchos de ellos asistieron en calidad de “recargados” en las horas de servicio. Durante las ceremonias, el entonces jefe de Policía Ramón Angel Frías sostendría sin hesitar: “Este hombre fue víctima de las injurias”. En simultáneo, el gobierno de De la Sota comenzaba a montar la versión de una “operación política desestabilizante” lanzada desde Balcarce 50 y los medios con mayor pauta oficial acusaban sin eufemismos al periodista Tomás Méndez por la muerte del oficial.

Pero el fiscal federal Enrique Senestrari consiguió la autorización del juez Ricardo Bustos Fierro para allanar la central policial de Colón y Santa Fe y para detener a cinco integrantes de Drogas Peligrosas, entre ellos su director, el comisario Rafael Sosa. Sin escalas, el escándalo saltó a la escena política cuando el bloque oficialista de la Legislatura de Córdoba recibió órdenes expresas para sacar en tiempo record una declaración de repudio contra el fiscal Senestrari. Quien llevó la voz cantante fue Sergio Busso, jefe de la bancada, quien calificó la operación del fiscal como “una burda operación del gobierno nacional”. Mientras, los bloques opositores se resignaban al pedido de interpelación del ministro de Seguridad Alejo Paredes (que fuera jefe de policía hasta dos años antes). Como si se hubiera tratado de una serie de suspenso, sólo minutos más tarde arrancaba una nueva edición del ciclo ADN, donde se conocerían testimonios de víctimas de la banda de narcopolicías y se revelarían más detalles del accionar delictivo.

Los perros de drogas

El escándalo aún se guardaba varios capítulos. El jueves 12 de septiembre, con cinco policías presos, el fiscal Senestrari se encargaba de detallar a la prensa los resultados de los allanamientos. “Se encontraron estupefacientes en la Jefatura de la Policía y en el baúl de uno de los móviles policiales. La droga estaba en condiciones absolutamente ilegales. También se encontraron armas con numeración limada. Esto demuestra que puede ser cierto que podría ser utilizada para cargar a personas a las que querían incriminar.” En un absurdo intento por seguir tapando el escándalo, el jefe de Gabinete Oscar González se despachó sobre el hallazgo, afirmando que “no era droga no declarada; era droga para entrenar a los perros”.

Al día siguiente, el jefe policial Frías presentaba su renuncia junto a su jefe político y antecesor en el cargo, el ministro de Seguridad Paredes. El gobierno de De la Sota comenzaba a cambiar de estrategia para intentar encauzar el terremoto. En el mismo acto, el gobernador anunciaba el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para reglamentar el proceso de nombramiento del jefe de Drogas Peligrosas. Una semana después, cuando sus alfiles se preparaban para darle rápida aprobación y rechazaban uno por uno los catorce pedidos de informes de los bloques opositores, el Legislativo recibió una carta urgente del Ejecutivo para que se olvidaran del proyecto, al menos hasta después de las elecciones. Archivaban así un “mamarracho legislativo”, según fue calificado por la oposición.