El Estatuto del Río Uruguay establece un Mecanismo de Información y Consulta que debía pronunciarse sobre la producción permitida, y la Corte Internacional de La Haya señaló ocho violaciones uruguayas al mecanismo. Pero UPM planteó una situación de hecho para extorsionar al gobierno uruguayo: alcanzó el tope permitido de un millón de toneladas dos meses antes de lo previsto y anunció que si no le permitían incrementar la producción dejaría que el seguro de desempleo se hiciera cargo de todos sus obreros y proveedores. Durante las negociaciones binacionales urgidas por Uruguay, la Argentina propuso una transacción de compromiso: aceptar por una vez que a los efectos del cálculo de la producción se considerara que el año 2013 terminó en agosto, una ficción que hubiera permitido diferir la decisión hasta agosto de 2014, con tiempo para estudiar alternativas satisfactorias para ambos países. Dos ministros y un alto funcionario uruguayo se interesaron por esta alternativa, pero Mujica la rechazó y desde su despacho, sin la presencia de su ministro de Relaciones Exteriores, anunció que autorizaba en forma unilateral el incremento de la producción en 100.000 toneladas. Para justificar lo decidido habló de la contaminación en Buenos Aires, Montevideo y Gualeguaychú e inclusive de su mítica chacra, cuando el único tratado en discusión es el del Río Uruguay y el único fallo de La Haya se refiere al control binacional dentro de la planta de UPM. Sin esperar ni siquiera 48 horas, UPM hizo saber que no se conforma con esa concesión y que reclama otras 200.000 toneladas adicionales.