En lo que resta de febrero la autoridad de aplicación de la ley audiovisual dictaminará sobre los planes de adecuación presentados por distintos prestadores antes del 7 de diciembre de 2012. Tanto aquellos consorcios cuyas propuestas sean aceptadas, como los que reciban un rechazo, tendrán 180 días para desprenderse de los activos que excedan la cantidad de licencias permitidas o que incurran en alguna de las incompatibilidades contempladas por la legislación. Las mayores novedades que se prevén conciernen al Grupo Clarín y a Telefónica. La misma noche de la elección de octubre pasado, el Grupo Clarín entendió que había perdido la batalla, porque el gobierno conservó la mayoría en ambas cámaras del Congreso y no podría modificar la ley. Lo mismo advirtió la Corte Suprema, que dos días después convalidó su constitucionalidad. Ante esa constatación, la Banda de los Cuatro decidió retener aquellos instrumentos de acción política que le permitan seguir tratando de modificar esa situación más adelante: Canal 13, la señal TN, la radio Mitre y varios canales y radios del interior. En cambio se desprendería de Cablevisión y de sus demás señales de producción propia, que serían vendidos a inversores de Estados Unidos y México, con interés en los negocios y no en la política. El otro gigante es Telefónica. Como concesionario de un servicio público debería vender Telefe. De este modo la desconcentración abriría espacio para nuevos actores que incrementaran el pluralismo de la oferta disponible. La aplicación a todos sin excepciones de esa ley imperfecta, incompleta, producto de las relaciones de fuerza de un momento dado, constituirá un rito de pasaje de la democracia argentina a la mayoría de edad.