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Las titulares de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, Alejandra Gils Carbó y Stella Maris Martínez, coincidieron en la “urgencia” de transformar el proceso penal federal al compartir el primer panel que debatió acerca del tema en la última jornada del Congreso Federal sobre Reformas Legislativas dedicada específicamente. “La Justicia Federal sigue anclada en un Código que no separa la función de investigar de la de juzgar: hoy es el juez el que decide si se queda con la investigación o si la delega en el fiscal, de manera completamente discrecional”, denunció la procuradora, encargada de iniciar el debate del que participaron colegas provinciales y ex legisladores. “Queremos una verdadera batalla legal: que los fiscales sean fiscales fuertes, seguros, que hayan hecho investigaciones plenas, que los defensores trabajen de defensores y un juez que dirima el conflicto sin apoderarse del trabajo de los demás”, aportó la defensora, quien cerró la primera y más importante tanda de exposiciones.

Los debates de la jornada de ayer se centraron en el cambio del Código Procesal Penal, una de las reformas legislativas que prometió para la segunda mitad de 2014 el ministro de Justicia, Julio Alak, durante la inauguración del encuentro. La modificación básica en la que Martínez, Gils Carbó y el resto de los expositores –el procurador fiscal de Salta, Pablo López Viñals; su par bonaerense, María del Carmen Falbo; el supremo de esa provincia Eduardo de Lázzari y el ministro de Seguridad y Justicia y ex diputado por Río Negro Oscar Albrieu, el juez federal de Tucumán Fernando Poviña y el camarista de Casación Penal Alejandro Slokar– coincidieron apunta a convertir el Código actual, inquisitorio, en uno de corte acusatorio.

Gils Carbó consideró “impostergable” un debate que apunte a lograr un proceso penal “definido por un Estado de derecho donde jueces y fiscales tengan roles nítidos, abandonen la cultura de investigar mandando oficios y se dé a los fiscales la responsabilidad de dirigir las investigaciones”. En sintonía, la defensora general insistió en la urgencia de un cambio en ese sentido y retomó la cuestión de la intervención de la policía en las investigaciones penales: “La reforma lograría que se le saque a la policía la investigación y que ésta quede en manos de los fiscales, lo cual sería un logro fundamental”, ya que “hoy quien construye la investigación es la policía, porque es mentira que los jueces controlen las instrucciones. Un país no puede dejar que la política criminal quede en manos de las fuerzas de seguridad”, sentenció la defensora.

Además de abogar por la concreción de la reforma en el Código de Proceso Penal, Martínez llevó a cabo un análisis integral del estado de la Justicia penal actual, en el que aprovechó para repartir críticas al Consejo de la Magistratura por no nombrar jueces, a los jueces por “tener kiosquitos”, cubrir ausencias, cobrar el 30 por ciento más pero no tener tiempo y estar a las corridas, y a la Procuración por no ordenar la rotación de los fiscales: “Hace veinte años que algunos fiscales están con los mismos tres jueces, están más tiempo los jueces con el fiscal que con la esposa”, remató.

Por último, ambas coincidieron con el resto de los panelistas en que es necesario un “cambio cultural” para poder aplicar la reforma. Al cierre de su exposición, Gils Carbó remarcó que “el modelo acusatorio es sólo un instrumento que servirá para tener una verdadera seguridad democrática mientras haya políticas que definan su aplicación”, mientras que Martínez completó en el cierre: “No es simplemente cambiar las leyes, sino insistir mucho para cambiar el perfil de los magistrados, luchar para evitar que los vicios sean fáciles. La capacitación debe ser constante y permanente, y el juez tiene que ser imparcial. Hay que enseñarles a hacerlo porque no saben”.