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La inauguración de la sede Costanera Sur del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “es la revalorización y recuperación del patrimonio de los argentinos para que cumpla las funciones en forma eficaz y eficiente”, resaltó ayer Cristina Fernández de Kirchner. El edificio hoy es un bien del Estado, pero no siempre fue así. En 1992 pasó a manos privadas, luego de la venta de la centenaria empresa de astilleros Tandanor. La operación motivó una causa por defraudación y recién en 2007, en el gobierno de Néstor Kirchner, volvió a la gestión pública. La Justicia, sin embargo, todavía no resolvió el litigio.

La historia del edificio de Tandanor recuperado para ser la nueva sede del Ministerio de Justicia sirve de crónica de los últimos 40 años, cuando el Estado se retiró, dio paso a las privatizaciones en la década de 1990 y luego volvió a hacerse presente.

Creada en 1879 por el entonces presidente Nicolás Avellaneda con el nombre de Talleres Navales de Marina, Tandanor llegó a lo largo de sus 112 años bajo la gestión estatal a ser el tercer taller para naves más importante del mundo, hasta que en 1991 integró la lista de las 27 empresas que dependían del Ministerio de Defensa y podrían ser privatizadas. Y así fue.

A partir del 1º de enero de 1992, Tandanor pasó a manos del grupo privado Inversora Dársena Norte (Indarsa), pero la escandalosa operación de venta se realizó, como muchas otras de la década menemista, en medio de irregularidades.

En principio, Indarsa pagó 7 millones de dólares para obtener la empresa, tal cual se había acordado. Luego tendría tres años de gracia, tras los que debería completar los 59 millones pactados. Eso no sucedió y en 1999 el propio Estado pidió la quiebra de la firma.

El ex ministro menemista Erman González fue imputado en 2002 por incumplimiento de los deberes de funcionario público al favorecer a privados, defraudación al Estado (el perjuicio se estima en unos 70 millones de dólares) y falsedad ideológica de documento público, en una causa que llevó adelante el juez Jorge Ballestero. En aquel momento, González estaba a cargo de la cartera de Defensa y bajo su gestión también se realizó la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

La resolución de Ballestero no prosperó. A ella se sumó la del juez Claudio Bonadio en 2006, con el mismo resultado. La causa prescribió y, recién a mediados del año pasado, la Cámara de Casación ordenó su reapertura y decidió continuar con la investigación. Las sospechas se remontan a 1993, cuando Indarsa aún no había quebrado, pero sí había vendido a la empresa Retiro S.A. el terreno, que más tarde compraría IRSA por 18 millones de dólares. Indarsa y Retiro S.A. compartían presidente: Andrés Vlastó. Es decir, se investiga un negocio inmobiliario donde se pagó sólo 7 millones de dólares por un predio luego vendido por 18.

Desde la quiebra, la empresa funcionó de la mano de sus trabajadores, y el Estado recién pudo recuperar el control con el decreto del ex presidente Kirchner del 30 de marzo de 2007 que anuló la privatización de Tandanor. Actualmente, las acciones de la firma pertenecen en un 90 por ciento al Estado y el resto quedó para los trabajadores.

El edificio inaugurado ayer estuvo abandonado durante treinta años. En palabras de la Presidenta, el traslado allí del Ministerio de Justicia permite “recuperar el valor social del patrimonio del Estado”.