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- El juez Claudio Bonadío es el encargado de investigar las irregularidades en el caso AMIA. Con las declaraciones de ayer es seguro que citará a indagatorias a todos los involucrados en el pago y la lógica indica que tendrá que imputar al juez Galeano por cargos que podrían ser gravísimos: coacción, asociación ilícita, fraude procesal, instigación al falso testimonio y otros aún más graves. En la misma volteada caería también el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. Los juristas consultados por este diario sostienen que, si se comprueban los delitos y toda la maniobra determinó una acusación penal falsa de enorme envergadura, el juez y el ex jefe de los espías podrían terminar en la cárcel.
- Al cierre de esta edición, el Tribunal Oral, integrado por los doctores Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, ordenó un allanamiento de hecho a las oficinas de la SIDE en la avenida de Los Incas. Allí estarían guardadas las cintas de video en las que se filmó el pago. El titular de la SIDE, Sergio Acevedo, quien tuvo un papel protagónico en el avance de la investigación sobre las irregularidades, dio instrucciones inmediatas para que se busquen las cintas y se entreguen al Tribunal.
- En la audiencia de ayer hubo dos revelaciones asombrosas. El agente Legascue contó que aprovechó su cargo para hacer negocios con Irán: le vendió cemento de secado rápido proveniente de una empresa familiar, Canteras Brandsen. Un rato más tarde, el otro agente, Maiolo, reveló que él también hizo y aún hace negocios con Irán: es intermediario en ventas de arroz. O sea que los hombres de la SIDE, que en un informe oficial acusan al régimen de Teherán de ser responsable de los atentados, mantienen curiosas relaciones comerciales con el supuesto Estado terrorista.