El oficialismo utilizó mis últimas notas sobre el marasmo de la Corte Suprema de Justicia para desatar una ofensiva sin tino ni posibilidades de éxito sobre el ministro decano Carlos Fayt y el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. El proceso de saneamiento institucional de la Corte estuvo durante años entre los actos de los gobiernos kirchneristas que mayor aprobación social concitaron. Con siete miembros desde 2004, tres de ellos designados por Néstor Kirchner, dos por Raúl Alfonsín y uno por el senador Eduardo Duhalde, la Corte logró una apreciable armonía e independencia. Pero la muerte de sus miembros Enrique Petracchi y Carmen Argibay, y la renuncia de Raúl Zaffaroni, ocurridas en el lapso de pocos meses del año pasado, desequilibraron la fórmula y concentraron todo el poder en Lorenzetti, el más joven de sus integrantes, de buena salud e inocultable ambición política. El conjunto de la oposición se coaligó para negar la confirmación a cualquier candidato que enviara el actual gobierno y la Corte declaró nula la lista de conjueces enviada por el Poder Ejecutivo y votada por el Senado, en una causa en la que sus miembros estaban excusados, porque trataba de salarios judiciales. A esto se sumó la rrrreelección de Lorenzetti como presidente a partir del 1 de enero, decidida por sus colegas cuando aún le quedaba un tercio de su tercer mandato. Según el texto de la Acordada, sus ministros la firmaron el martes 21 de abril “en la Sala de Acuerdos del Tribunal” y “frente a la próxima conclusión del mandato”. Pero el débil trazo parecido a la que fuera la firma de Carlos Fayt no fue hecho en la Sala de Acuerdos sino en su domicilio de Recoleta, hasta donde le llevó la resolución el titular de la Secretaría 5ª de la Corte, Cristian Sergio Abritta. Dado su deterioro cognitivo, Fayt no está en condiciones de estudiar ningún expediente, tarea que delega en sus colaboradores. Nadie en la Corte ignora esta situación, que Lorenzetti admite en diálogos privados pero oculta del escrutinio público. La Corte respondió en forma oficial que la fórmula de la Sala de Acuerdos se incluyó por error y reconoció que Fayt firmó en su casa. Sin embargo, el texto también le atribuye un importante protagonismo en la decisión, ya que pretende que Fayt habría propuesto la rrrreelección de Lorenzetti y de Elena Highton de Nolasco como vice. El lunes 4, la asesora de imagen de Lorenzetti comunicó a varios medios que su jefe había decidido renunciar al nuevo mandato que debía comenzar en enero próximo, porque sentía “cansancio moral”. A mí, en cambio, el propio Lorenzetti me envió una carta por mano de un secretario de la Corte, en la que me confiere “el inmerecido privilegio de saber que, siguiendo tus consejos, voy a renunciar a la presidencia. En consecuencia, quedarán Highton y Maqueda, probablemente hasta fin de año”, es decir que la renuncia se haría efectiva de inmediato. Una aclaración necesaria es que nunca le aconsejé renunciar ni hablé con él del tema, sólo describí en esta página el procedimiento irregular que siguió para asegurarse un nuevo mandato. La carta añade que “en estos momentos se está negociando la integración de la Corte (la presidente ya ha dicho que no va a ampliar) con el propuesto por el oficialismo (Carlés), y una mujer que propone la oposición (Macri-Sanz). Antes de fin de año la Corte quedará integrada y a fin de año tendrá un nuevo presidente, que probablemente sea Carlés o Maqueda (Highton no desea el cargo y yo no quiero ser reelecto”. Lorenzetti agrega que la idea de “consolidar mi presidencia” se debió al propósito de manejar las presiones sobre la Corte, que deberá decidir causas importantes, entre las que menciona “la situación del padre Grassi, los juicios de lesa humanidad en campo económico-empresarial, en los que el nuevo presidente tendrá un rol decisivo”. Considera probable que en los próximos años “exista una presión grande para el cambio de alguna jurisprudencia en temas de derechos humanos, laboral (quieren dictar una ley de prescindibilidad para todo el sector público) y otras que seguramente el nuevo presidente sabrá manejar con firmeza. Te paso estos datos para que escribas que te hicimos caso, que se concretará dentro de unos días”. También me reprocha haber hecho silencio sobre la nominación de Carlés, “que ha sido tomado como una aceptación”, y me pide que “si ves a Raúl, por favor decile que recuerde que me votó tres veces ininterrumpidamente y que en once años nunca propuso cambiar el número de la Corte, siempre le pareció bien; por las dudas, porque no se acuerda”. Lorenzetti no explica quiénes toman el silencio sobre Carlés por aceptación, pero me consta que otros lo leyeron como un rechazo. Ninguna de esas presunciones es válida. Uno es esclavo de sus palabras, pero dueño de sus silencios. Con un texto en que la furia obnubila la sintaxis, un comunicado sin firma dijo el martes que la Corte Suprema “ratifica total y absolutamente las autoridades designadas mediante acordada 11 del 21 de abril de 2015”. Desde el oficialismo se planteó el análisis médico de Fayt y se designó a la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti como presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Esto es inconducente dado que no cuenta con los 2/3 necesarios para impulsarlo, y también provocativo, porque exacerba los ánimos. Lorenzetti promovió una declaración de apoyo de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, la Asociación Empresaria, Coninagro, IDEA, el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, la Comisión de Propietarios de Medios de Comunicación (CEMCI), la Cámara de Comercio estadounidense y otras cámaras patronales, en una demostración esplendente de los intereses contramayoritarios que la Corte representa. El barro judicial se volverá más espeso cuanto más tarden el gobierno, la oposición y Lorenzetti en entender que la única forma de rescatar a la Corte de una vía muerta tan peligrosa es la indispensable negociación política, que no se puede realizar por los diarios ni en las comisiones del Congreso.