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La licitación que echaría por tierra con el actual negocio del acarreo de autos fue postergada, una vez más, por el gobierno de Mauricio Macri. Así lo denunció el auditor porteño Eduardo Epszteyn, quien destacó que “no habrá licitación hasta el 24 de julio. Macri volvió a dejar caer el llamado a concurso y el escandaloso negocio de las empresas que manejan las grúas seguirá operando, totalmente fuera de lo que dicta la ley”. Desde el gobierno porteño atribuyeron las demoras a la cantidad de consultas que recibieron sobre la licitación.

Hay dos empresas que controlan el negocio de las grúas desde 1990, cuando firmaron un acuerdo con el intendente Carlos Grosso: son Dakota SA y BRD. Las dos se llevan la totalidad de la recaudación del acarreo –cuyo costo fue aumentado a lo largo de los años por la gestión PRO– y pagan un canon fijo al gobierno porteño, que no pasa de 55 mil pesos mensuales. Como informó Página/12, el gobierno de Macri le devuelve con creces ese dinero a través de transferencias de fondos por el concepto de “alquiler de camiones”: desde 2008, le reintegraron 186 millones de pesos, un monto que supera con creces el canon anual.

Este esquema de negocios se terminaría si se hiciera la nueva licitación, fijada por ley, que invierte la ecuación: la empresa cobra un canon por su servicio y es el Estado el que recibe la recaudación. Pero la licitación se retrasa. “Tal como habíamos anticipado, hasta el 24 de julio –justo después de la elecciones– no habrá licitación para que se regule la concesión del servicio de acarreo en la Ciudad. Con una nueva resolución, el subsecretario de Transporte de la Ciudad, Guillermo Dietrich, garantizó la continuidad de las empresas luego de ser seriamente cuestionadas por la cantidad de dinero que recaudan y las irregularidades de sus contrataciones”, afirmó Epszteyn.

Desde la Subsecretaría de Transporte respondieron a este diario que tuvieron demoras debido a una serie de amparos que se presentaron. “Recibimos muchas consultas por parte de los oferentes y, debido a la importancia de dar respuesta a cada una, las estamos respondiendo para precisar las futuras ofertas que van a presentar”, afirmaron.

“Lejos de volver a manos del Estado, como indicaba la ley 4003 –si no se respetaban los plazos para el llamado a licitación–, las empresas Dakota SA y BRD seguirán ganando fortunas. Durante los primeros tres meses del año, cada empresa se llevó alrededor de 11 millones de pesos”, sostuvo Epszteyn, quien denunció que la Subsecretaría de Transporte llamó a otra licitación por casi 10 millones de pesos para construir una nueva playa de estacionamiento. El auditor kirchnerista remarcó que “la Ciudad sigue gastando, pateando el contrato y favoreciendo a las empresas amigas igual que en tiempos de Grosso”.