La comunera Julieta Costa Díaz presentó una denuncia penal contra el secretario de Gestión Comunal, Eduardo Macchiavelli, por la contratación directa de dos empresas para la reparación de veredas. Como informó Página/12, las dos empresas no registran empleados ante la AFIP y sus directores aparecen como monotributistas que ganan menos de 15 mil pesos por mes. De 24 contrataciones, ambas recibieron 12 este año por un total de 47 millones de pesos. Las empresas ganaban en tandas de a cuatro y, en algunos casos, por 52 pesos menos que el tope para las contrataciones directas. El mismo mecanismo se había repetido el año pasado, hasta llegar a un total de 38 contrataciones directas. En la denuncia penal, Costa Díaz indicó que esto podría constituir el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Costa Díaz advirtió que dos empresas se alternaban como ganadores y perdedores en las contrataciones directas que hacía la secretaría de Gestión Comunal para la reparación de veredas. En la denuncia penal, la comunera del Frente para la Victoria indica que “en el período febrero-julio 2015 se llevó a cabo una llamativa secuencia de 24 contrataciones directas para la reparación de veredas en distintas zonas de la ciudad, cuyas particularidades las convierten al menos en irregulares”.

La comunera indicó que es llamativo que “las 24 contrataciones hayan sido adjudicadas a sólo dos empresas repartiendo de manera igual –12 cada una– las obras”. Las empresas son Derby Eland y Ecomlat y tienen similitudes. Los presidentes de ambas, Alejandro Monti (Ecomlat) y Héctor Santander (Derby Eland), figuran como monotributistas por menos de 15 mil pesos mensuales. Ninguno de los dos registra empleados. El socio de Santander, Gonzalo Cayo, fue al mismo secundario con Monti: el St. Brendan College, un colegio católico y bilingüe de Belgrano R.

Sobre la ausencia de empleados en empresas que arreglan veredas, Mauricio Macri dio el domingo pasado una curiosa respuesta: “Hay empresas constructoras que se forman para construir una cantidad de metros cuadrados de vereda, toman 600 empleados, en este caso son cooperativas, y después que termina el trabajo le van pagando mes a mes el despido anticipado. No tienen relación de dependencia”. Una rápida revisión del acta de constitución de las empresas muestra que no son cooperativas de trabajo: Derby Eland y Ecomlat son sociedades anónimas. Esta última se creó con el objeto de “comercializar todo tipo de productos requeridos por las Fuerzas Armadas y de seguridad” y cambió su objeto a obra pública en 2013, el mismo año en el que se fundó Derby Eland. Poco tiempo después, ya estaban recibiendo contrataciones directas.

Costa Díaz identificó otras irregularidades en la forma de contratación: “El monto es en todos los casos apenas unos pocos pesos menor al máximo autorizado para este tipo de contratación: dos millones de pesos”. Además, indicó que “es llamativa la repetición de las mismas cifras, una y otra vez, a lo largo de los meses, sin que impacte el incremento de los precios que afecta a la actividad económica en general”. “Todo ello parece sugerir la posibilidad de un direccionamiento de las adjudicaciones a los mismos beneficiarios y una deliberada voluntad de eludir los procedimientos de adjudicación”, señaló la comunera.

En 2014, según la denuncia penal de la comunera, se repitió el mismo mecanismo hasta llegar a un total de 64 millones de pesos para las dos empresas en dos años. Costa Díaz indicó que en todos los casos se podría haber agrupado las obras para hacer una licitación pública. “Estas obras de mantenimiento pueden planificarse debidamente. Por el tipo de servicios contratados el gobierno porteño estaba obligado a hacer una licitación pública. La contratación directa no está sólo condicionada por el monto. La ley 2095 permite las contrataciones directas sólo cuando una licitación ha resultado desierta, o existen razones de urgencia, o el servicio desarrollado sólo puede ser prestado por una empresa. Ninguno de estos casos se verifican en los hechos”, indicó la comunera.

Hoy los comuneros del Frente para la Victoria se juntarán al mediodía ante las puertas de lo que fue la sede de Jefatura de Gobierno, en Bolívar 1, y presentarán un pedido de informes sobre las contrataciones para reparación de veredas que eran repartidas entre estas dos empresas. Indicaron que fueron excluidos del control de esas contrataciones directas, como suele hacer la gestión PRO con las principales funciones de las comunas. “Esto demuestra que el caso Niembro no fue un caso aislado –afirmaron– ya que es el mismo gobierno que esquiva los procedimientos de licitación pública para favorecer a sus empresarios amigos.”