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Por A. D.

A dos días de la victoria en la Cámara de Diputados, los Juárez no pueden ponerle freno a un aceleradísimo proceso de crisis. La presencia de la comisión del Ministerio de Justicia de la Nación desató una andanada de adhesiones jamás prevista por el gobierno. Como en un efecto dominó, la delegación consiguió alineamientos formales de sectores históricamente funcionales al juarismo. En 48 horas, dos municipios, dos universidades, cinco intendentes, el Foro Interpartidario y hasta la CGT se volvieron activísimos militantes por los derechos humanos. Firmaron convenios, crearon delegaciones y secretarías para recoger denuncias, uno de los síndromes que más asusta al juarismo. En el medio, llegó la embestida: Nina Juárez prepara un nuevo golpe: denunciaría un complot del gobierno nacional contra la provincia. Según dijo a este diario una fuente muy cercana a la gobernación, las pruebas consistirían en escuchas ilegales a los funcionarios del gobierno nacional.
La intervención del Ministerio de Justicia en Santiago del Estero está acelerando el proceso de crisis en el que se intuye el fin de una era. Durante los últimos dos días, frente al durísimo abroquelamiento del juarismo, la Nación optó por profundizar las fisuras del régimen.
Los secretarios de Derechos Humanos y de Justicia, Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse, empezaron el día de ayer en un terreno caliente: la municipalidad de la capital de la provincia. Llegaron con un convenio, se fueron después de una conferencia de prensa con la foto del intendente Gerardo Zamora, presidente de la zigzagueante UCR santiagueña. Durante la conferencia, Zamora dijo lo que pudo, entre temeroso y cohibido. A esa altura sabía lo que le había costado al intendente de la vecina ciudad de La Banda el contacto con la Nación: dos presuntos atentados y una campaña de difamación repentina que aún se investiga.
El escenario, en cambio, no cohibió ni a Duhalde ni a Lanusse. En pleno corazón político de la provincia, Lanusse disparó uno de sus más críticos diagnósticos: “La crisis institucional que detallamos en septiembre en el Congreso de la Nación está igual o ha empeorado”. El rechazo del pedido del desafuero para la gobernadora, dijo, “muestra otra crisis grave donde los diputados sometidos a procesos judiciales participaron en la votación”. Duhalde puso las tintas con delicadeza sobre la inexistencia del Estado de Derecho: “El funcionamiento de las instituciones son muy críticas como lo es la administración de la justicia”, dijo.
El punto central de la agenda del día fue, sin embargo, el desembarco en la Universidad de Santiago del Estero. Un espacio académico donde la discusión crítica fue silenciada durante años. Justamente allí, el rector Arnaldo Sergio Tenchini avaló un acuerdo: la Universidad pondrá en marcha un observatorio permanente, apuntalado por las organizaciones intermedias y de derechos humanos. Ese observatorio, según los planes, intentará de a poco trasformarse en la pata civil de control sobre abusos del Estado. En lo social, en lo laboral y en la producción económica.
El bocado final lo dieron las centrales obreras. Pusieron en marcha su propia Secretaría de Derechos Humanos, avalada por un acta: “Tendrán la responsabilidad de recibir, instrumentar y hacer públicas todas las denuncias sobre atropellos y violaciones a los derechos humanos de las personas en toda la geografía provincial”. El documento incluye firmas y nombres de los gremios: Luz y Fuerza, Uatre, Utedyc y Recursos Hídricos, todos de la ex juarista CGT de Santiago.