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Durante el acto del miércoles frente a la ESMA, María Isabel Prigione reclamó, en nombre de los hijos nacidos en cautiverio durante la última dictadura, que el Estado se comprometa a encontrar a los jóvenes que aún no conocen su identidad. Su exigencia tuvo ayer la primera respuesta oficial: el gobernador bonaerense Felipe Solá suscribió un acuerdo con las Abuelas de Plaza de Mayo para ayudar en la búsqueda de los hijos de desaparecidos que fueron secuestrados y apropiados.
Luego de una larga y emotiva jornada, Estela Carlotto se despertó ayer lista para otro hecho importante que puede aportar a la lucha de las Abuelas. “Son tiempos de sumar, no de restar, y de recibir con los brazos abiertos al que hoy quiere trabajar para la recomposición del país”, expresó la presidenta de la institución que durante sus 26 años de incansable búsqueda ya devolvió su identidad a 77 jóvenes.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires se comprometió a aportar tres investigadores que elegirá Abuelas, y los fondos necesarios para el trabajo que realiza la asociación en el interior orientando a los chicos que tienen dudas sobre sus orígenes. El convenio busca desarrollar actividades de cooperación mutua y asistencia técnica mediante la realización de trabajos en conjunto, el intercambio de información, el emprendimiento de programas de interés común, y todo lo que contribuya a “la toma de conciencia generalizada del derecho a la identidad mediante la implementación y aplicación efectiva de los estándares internacionales consagrados en la Convención Internacional de Derechos del Niño, con rango constitucional desde 1994”.
En los fundamentos del acuerdo, que implementará la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, se reconoce explícitamente que durante la última dictadura desaparecieron gran cantidad de niños, niñas y jóvenes embarazadas, que funcionaron maternidades clandestinas y que se sustrajo la identidad de hijos de detenidos desaparecidos. Incluso se destaca que la provincia posee el porcentaje más elevado de detenidos-desaparecidos del país, la mayor cantidad de centros clandestinos de detención, así como el número más alto de denuncias de mujeres embarazadas desaparecidas.
“Ser operativo y hacer estas cosas nos parece también que es rendir un homenaje a las víctimas y a lo que queremos dejar atrás”, apuntó el gobernador tras la firma del convenio.