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La denuncia del Gobierno sobre la existencia de una campaña de desestabilización y el posterior pedido de investigación presentado ante la Justicia por el fiscal Carlos Stornelli despertaron distintos análisis por parte de juristas y constitucionalistas sobre las consecuencias y la necesidad o no de judicializar el tema. Algunos opinan que se trata de una exageración del fiscal o que el presidente Néstor Kirchner sólo hizo generalizaciones. Otros dicen que el asunto –aún con todo su contenido político– exige una investigación.
- Alberto Binder, especialista en reforma judicial: “Una de las características de las políticas de seguridad –como ocurre también con políticas económicas– es que tienen variables subjetivas. Es decir: aquí las políticas de seguridad que intenta aplicar el Gobierno tienden a desarticular las mafias enquistadas en ese tipo de fuerzas, y debe explicarse a la población cuáles son las consecuencias y las reacciones propias de los intereses afectados en una disputa de ese tipo. Creo que eso es lo que intenta hacer el Gobierno. Y en ese proceso de explicación, la intervención de la Justicia no sirve. Por eso creo que la presentación del fiscal es –al menos– poco atinada. Que esto caiga en terreno judicial habla entonces de un mal manejo por parte del Ejecutivo y de una intromisión que no parece necesaria por parte de la Justicia. Por eso pensar que esta investigación va a llegar a buen puerto es difícil. En todo caso, los fiscales no necesitan que el Presidente salga a hablar sobre intentos de desestabilización para saber que existen redes entre los policías y bandas corruptas, y que éstas defienden sus intereses. Es como si los fiscales estuvieran jugando un juego político en lugar de intentar desarticular esas conexiones”.
- Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia de la Alianza: “Creo que esto no es judicializable en tanto no existan elementos fácticos que avalen las denuncias. Y en todo caso, si el Gobierno ve que hay comportamientos contra la ley, entonces debe tomar él mismo la iniciativa e ir ante la Justicia. Pero creo que la ambigüedad en las expresiones del Presidente dan lugar a equívocos. La referencia a un complot da una señal de alerta muy fuerte acerca de conductas ilícitas –que parecieran exigir una investigación–, pero acá no se distingue muy bien si se ha querido hacer una declaración de tipo política o de conductas delictivas. Frente a un tema como éste, las declaraciones merecen el máximo rigor. No se puede crear un ambiente de suspicacia pública, ni generar mantos generales de sospecha. Y si en este contexto, la Justicia va a llevar adelante una denuncia depende de las pruebas que existan”.
- Martín Bohmer, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo: “No sé cuánto de lo que dijo Kirchner es o no de materia política. Pero la actitud de Stornelli, al enterase de la posible comisión de un delito, es la correcta. Supongo que la primera medida debería ser citar al Presidente, que es el que instala la denuncia, o a alguien que él designe. O bien se puede presentar un escrito ante la Justicia, pero lo que debe suceder al ser tomado el tema por la Justicia, es que el Gobierno aporte los elementos de esta denuncia, si es que los hay. Si –como dice el ministro (Aníbal) Fernández– hay nombres, el fiscal no puede hacerse el distraído porque está obligado por el principio de legalidad a atender todas las denuncias e investigarlas. Distinto es el caso de Estados Unidos, donde el Ministerio Público está regido por un principio de oportunidad que le permite decidir qué percibir y qué no. El Presidente, o quien quiera que vaya del Gobierno ante la Justicia, tendrá o bien que dar los datos que tenga o decir que en realidad el tema tiene un tono menor, pero la Justicia tiene que intervenir”.
- Roberto Bugallo, constitucionalista: “Creo que es correcto y necesario solicitar una investigación. Porque al nivel donde se produce la denuncia, no es cosa menor. No es lo mismo que, en medio de la disputa política que el Gobierno mantiene tanto con las privatizadas como con las fuerzas de seguridad, sea un consejero escolar el que hable de intentos de desestabilización o que lo haga un legislador, y mucho menos si el que lo hace es el Presidente. Después de todo, lo que se denuncia es la posibilidad de un delito de acción pública y frente a esto me parece que es central que actúe la Justicia. A partir de donde nace esta denuncia, para que esto siga una vía judicial, la primera medida debería ser pedir la ratificación de los dichos del Presidente, y en segundo lugar por qué lo dijo, con qué elementos. Es necesario investigar y saber si el Gobierno tiene, por ejemplo, información de inteligencia acerca de que se hayan detectado distintas actividades que confluyan en ese punto. Porque la denuncia no es sólo de implicancias políticas. Hay que analizar qué relación hay entre las denuncias y los atentados que se registraron en los ferrocarriles, o si hay vínculos con la mano de obra desocupada de las fuerzas de seguridad. No me parece desacertado llevar el tema a la Justicia”.

Producción: Alfredo Ves Losada.