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Por Marcelo Vensentini (*)

Hace tiempo que se vienen planteando normas de participación y de descentralización de las decisiones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero pareciera que el tema electoral queda siempre para un futuro incierto, y esto no es inocente. Definir un sistema electoral distinto es decidir cómo se construye la representación democrática. Esto es, cómo se distribuye el poder.
La reforma electoral que proponemos para la Ciudad es a la vez un salto cualitativo en la democratización del sistema de representación política y el impulso inicial de una reforma política de alcances más vastos, destinada a lograr una trama institucional que abarca desde la propuesta de comunas hasta la instrumentación del presupuesto participativo. La reforma electoral es entonces un instrumento para avanzar sobre las dos últimas, y las tres confluyen en una necesidad que se hace cada vez más evidente: corregir la insuficiencia con que la Constitución de la Ciudad incorporó estos temas en 1996.
Desde entonces hasta hoy ha corrido mucho agua bajo los puentes, ya que la dinámica social y política fue mostrando palmariamente la necesidad de reexaminar el sistema de comunas para acentuar los mecanismos de participación ciudadana y alejar los riesgos de un organismo burocrático más, apoyado en la vieja estructura punteril. En este sentido, el sistema mixto de la reforma electoral, que incorpora candidaturas uninominales e independientes para los cargos legislativos, a la vez que atempera el monopolio de los partidos y favorece un vínculo más estrecho entre representantes y representados, es un ejemplo a seguir en el ámbito comunal.
Tal como hoy se plantean, las comunas no aseguran por sí una democratización real del mecanismo de toma de decisiones y el ejercicio de controles eficaces sobre la gestión de la Ciudad. Peor aún, si no reformulamos su método de conformación y sus funciones correrían el riesgo de reforzar el corporativismo político que recluye las decisiones en el ámbito de los despachos, alejando la acción política de su lugar primario y natural, que es la gente con sus problemas, demandas y expectativas.
Igualmente, en lo que se refiere al presupuesto participativo, la Constitución enuncia facultades muy amplias pero de dudosa aplicación práctica. Por ejemplo, habría que forzar su texto para interpretar que la salud y la educación son temas que incorpora el presupuesto participativo. De ahí la necesidad de incorporar la reforma electoral a la Constitución y de precisar y mejorar lo que se refiere a presupuesto y comunas, armonizando estas tres cuestiones de modo de lograr una reforma política que atienda las demandas sociales y las proyecte en instituciones capaces de canalizar la participación y el compromiso efectivo de los ciudadanos.
Sólo así se podrá lograr un metabolismo eficaz, no ya sólo entre los electores y sus representantes, sino entre los ciudadanos y las instituciones democráticas. Tras ese objetivo, la reforma electoral es un paso decisivo que nos permitirá avanzar hacia una verdadera reforma política.

(*) Presidente del bloque Frepaso (Legislatura porteña)