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Por H. V.

El gobierno nacional dispondrá esta semana la intervención del Fondo Compensador Telefónico, paradigma de la relación perversa entre las empresas privatizadas, el gobierno del ex presidente Carlos Menem y un sindicalismo patronal que, a cambio de esas prebendas, consintió en despidos y precarización laboral y salarial de sus representados. Esa decisión de Néstor Kirchner, a menos de un mes de la reunificación de la CGT, implica un mensaje inequívoco: representación sindical sí, negocios turbios no.
Creado con aportes de los trabajadores y la ex ENtel a fin de que los jubilados y pensionados telefónicos cobraran el 75 por ciento del sueldo del personal en actividad, el Fondo manejó sin rendir cuentas nada menos que 160 millones de dólares. El Consejo de Administración estaba integrado por representantes de ENTel, de los sindicatos y de los jubilados. Sus integrantes actuarían ad honorem. Empresas y sindicatos debían aprobar balances y actos importantes. Como parte de la privatización de ENTel, su liquidadora María Julia Alsogaray transfirió al sindicato conducido por Rogelio Rodríguez, quien fue uno de los operadores del menemismo en la CGT, todos los cargos de la empresa en el Fondo. Telefónica y Telecom siguieron pagando su aporte pero no ocuparon sus cargos ni controlaron la administración y fiscalización del dinero, que quedó en las exclusivas manos de la Foessitra menemista.
El sindicato Buenos Aires de Foetra denunció en 2000 a Foessitra y al consejo de administración del Fondo, que presidía el entonces senador justicialista Alberto Tell. Rodríguez y otros dirigentes fueron procesados por administración fraudulenta del Programa de Propiedad Participada de ENTel, otros por administración fraudulenta en perjuicio del sindicato Buenos Aires. Una asamblea de más de 1500 telefónicos decidió en 1999 que el sindicato Buenos Aires de Foetra (con una conducción compartida por el peronismo ortodoxo y un frente de izquierdas) se desafiliara de Foessitra. En febrero de 2001, este diario publicó la denuncia de Foetra e informó sobre una auditoría ordenada por la entonces ministra de Trabajo Patricia Bullrich. Pese a sus resultados, los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde no tomaron ninguna decisión. Involucrado en el caso de los sobornos en el Senado, Tell fue sustituido en el Fondo por el dirigente de un pequeño gremio de empleados jerárquicos de las telefónicas, Roberto Trípodi. El año pasado, 600 trabajadores solicitaron la disolución del Fondo y la devolución de sus aportes. El Fondo ni siquiera respondió a un pedido de información de la Secretaría de Seguridad Social y se negó a someterse a una nueva auditoría reclamada por el ministro de Trabajo Carlos Tomada.
Según la denuncia constatada por los auditores, Tell y Rodríguez “administran, se autocontrolan y se autorrinden cuentas” en tanto “el Estado es responsable de que exista total descontrol en el manejo de fondos públicos mientras los jubilados telefónicos perciben misérrimas compensaciones”. Los auditores sólo obtuvieron “un 60 por ciento” de la documentación requerida pero su contenido es contundente. Entre 1995 y 1999 Telecom transfirió al Fondo 70 millones de dólares y Telefónica 89, a razón de 32 por año. Además, 14.500 trabajadores aportaron alrededor de 36 millones anuales. Habría unos 24 mil jubilados, pero como los auditores no accedieron al padrón se desconocen las asignaciones abonadas. Pero se sabe que en 1992 y 1996 el método histórico para calcular el aporte fue susituido por “valores fijos mensuales. cuyo tope es de 100 pesos y que este procedimiento permitió “una reducción del 83,9 por ciento de los aportes establecidos por el régimen”.
El Consejo de Administración no renovó los mandatos cada dos años y los representantes cobran retribuciones y viáticos. No se retiene impuesto a las ganancias en los pagos. Tell & Cía. demolieron el edificio de ENTel en Scalabrini Ortiz 2409/15, que Alsogaray les vendió en 760.000 dólares. Allí el Fondo construyó otro de ocho pisos que costó 6,7 millones de dólares, el doble de lo presupuestado. Los auditores destacan que el proyecto, la construcción y provisión de mobiliario “ha sido adjudicada a un mismo proveedor” (Mobbili y Delgado SA) y que pese a la prohibición estatutaria el Fondo alquila a terceros seis pisos por los que en 1999 cobró 165.580 dólares.
Como agente de retención de la Obra Social OSTEL, el Fondo le otorgó “adelantos por futuras retenciones” (facultad que no posee) por 5,70 millones, de los que “sólo se observó una devolución de 87.860 pesos en el período analizado”. El 90,36 por ciento de las colocaciones no se realizan en bancos oficiales, como lo establece el régimen del Fondo, sino en financieras. En esas inversiones “no consta la realización de análisis de riesgo”, lo que permitió efectuar depósitos que se perdieron en financieras en liquidación. Los registros contables se llevan en forma manual, “prenumerados pero sin rúbrica en sus hojas”. El sistema informático utilizado para el manejo administrativo-contable carece de mecanismos de control internos que “aseguren la inalterabilidad, integridad y confiabilidad de la información”. La sistematización de datos fue contratada con “Main Serv SA”, que en tres años cobró 1,4 millón “por un servicio que no genera al Fondo derechos de titularidad de ningún tipo sobre el software”. Es lógico: según la Inspección General de Justicia, “Main Serv” se constituyó con el objeto de fabricar y comercializar artículos de limpieza, desinfección y fumigación, control y destrucción de plagas en explotaciones agropecuarias, limpieza y mantenimiento de edificios, compra-venta de inmuebles y demás rubros ajenos a la informática. Su último balance es de 1994, nunca presentó declaraciones juradas ante la AFIP, no registra movimientos en la base de datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones ni en la de deudores del Banco Central. Una verdadera limpieza, que esta semana tocará a su fin.

Informe: Diego Martínez