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Boggiano, el cortesano que está solo y espera

Tres diputados de la Comisión de Juicio Político le aseguraron a Página/12 que el Gobierno no intercedió a favor del supremo. Cómo sigue el proceso.

 Por Eduardo Tagliaferro

“No hubo ningún llamado, ningún comentario, ni nada parecido de nadie del gobierno. No hubo ninguna sugerencia sobre el procesamiento contra el juez de la Corte Antonio Boggiano”, confían en simultáneo a Página/12 tres diputados de la Comisión de Juicio Político que tienen llegada privilegiada a la Rosada. Enojados por lo que calificaron “como trascendidos periodísticos alimentados por alguien desde Casa de Gobierno”, los tres quieren dejar en claro que continuarán impulsando el procesamiento del último sobreviviente de la mayoría automática menemista.
Los parlamentarios, que aceptan hablar con este diario con reserva de su nombre, niegan con énfasis que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, o el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se hayan comunicado con ellos para solicitarles que desestimaran la apertura de pruebas contra Boggiano. Como muestra, comentan que “el lunes pasado, el kirchnerista Osvaldo Nemirovsci, miembro de la comisión, se entrevistó con dos importantes funcionarios del Gobierno y ninguno dijo nada del tema Boggiano”.
Para reafirmar la decisión de avanzar contra el magistrado, recuerdan que “la senadora Cristina Kirchner pone en juego su prestigio político en el caso, ya que fue un actor protagónico del proceso que terminó con la destitución de Eduardo Moliné O’Connor”.
A principio de mes, antes de que se abriera el período de pruebas que seguramente concluirá con la acusación contra el último de los integrantes de la denominada mayoría automática, un funcionario con despacho en el primer piso de la Rosada confió a este diario que “Boggiano no es un juez cualquiera. Es un magistrado con prestigio internacional, no es (Julio) Nazareno”. Menos tajante, otro vecino del primer piso de la Casa de Gobierno, más encumbrado aún, no descartaba el enjuiciamiento pero había afirmado que “por lo menos por este año” no era conveniente.
Claro que ni en los planes del Gobierno ni en los de la comisión parlamentaria figuraba a esa altura que Adolfo Vázquez renunciara tan precipitadamente a su cargo. Eso aceleró la ofensiva contra Boggiano ya que, al igual que en las anteriores acusaciones contra los otros cuatro miembros de la denominada mayoría automática, cada vez que sucedía una renuncia o una destitución la comisión avanzaba sobre el siguiente integrante del quinteto.
“Tanto la comisión, como el Ejecutivo, compartíamos una línea de pensamiento. Era necesario avanzar con el juicio a los miembros de la mayoría automática. En eso estábamos de acuerdo”, confía a Página/12 un destacado diputado de la comisión de enjuiciamiento.
Las aparentes discrepancias que asoman ahora entre la Rosada y la comisión, llevaron a que en los pasillos del Congreso fueran muchos los que especularan también con diferencias entre Cristina Kirchner y otros miembros del gobierno. “Están equivocados los funcionarios que no quieren acusar a Boggiano. Están perjudicando la obra del gobierno. El principal logro que la sociedad le reconoce a Kirchner es la renovación de la Corte”, insiste uno de los diputados. “Ningún funcionario por más importante que sea, va a dirigir la Comisión de Juicio Político”, dijo la semana pasada el tucumano Ricardo Falú, titular de la comisión parlamentaria responsable de revisar la conducta de los jueces. Este diario intentó, sin éxito, conseguir una opinión del jefe de Gabinete sobre ese tema.
Para el legislador consultado por Página/12, detener el proceso les daría la razón a aquellos que dicen que el Ejecutivo es el que decide a quién acusar. También a quiénes dicen que el Congreso es un apéndice del Gobierno. Además, claro está, de darle la razón al propio Moliné que recurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Meller, causante de la destitución del eterno vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, Boggiano firmó igual que Nazareno, acusado también por ello.
“El caso de Boggiano es peor que el de Moliné. En la apelación de ENTel, Moliné consideró revisable la decisión del tribunal arbitral en contra del Estado. Boggiano dijo que no era revisable, cuando dos años antes en el caso de la contratista Aion contra Entel, muy similar al de Meller, había dicho todo lo contrario”, subraya uno de los diputados.
El destacado funcionario de la Rosada que recomendó “no avanzar con el proceso, por lo menos por este año” no parece muy alejado de los tiempos parlamentarios. Por lo pronto, dentro de dos semanas concluirá el período de pruebas. Dos semanas más llevará el descargo de la defensa. Otras dos demorará la elaboración del dictamen. Conclusión, el tema podría llegar al recinto, con suerte, en diciembre. Los diputados recuerdan que el caso Vázquez demoró siete meses en ser votado por el plenario del cuerpo. Claro que a diferencia de los casos anteriores, en éste el bloque peronista se entusiasma con la posibilidad de acusar a Boggiano. El día anterior a la apertura de pruebas, un miércoles a eso de las 19, Falú concurrió al despacho del bonaerense José María Díaz Bancalari, titular de la bancada, para hablar del tema. Allí se encontraban otros tres bonaerenses: Graciela Camaño, Daniel “Chicho” Basile y Juan Carlos Correa. Luego de conversar con Falú, en un aparte, Díaz Bancalari compartió la novedad. Todos estuvieron de acuerdo. Aunque hay tiras y aflojes y el final puede aparecer con resultado abierto, los diputados de la comisión aseguran que “Boggiano no soportará la presión”.

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