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La Corte Suprema también aceleró la modificación del régimen legal de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). Tres fallos le apuraron la agenda al Gobierno, que está alumbrando una nueva ley, que irá al Congreso este mismo año o, a más tardar, en las sesiones extraordinarias. Así como las AFJP no se amañaron pensando en los jubilados sino en el mercado de capitales, las ART no se urdieron centradas en la salud del trabajador sino en los costos empresarios, tanto que el patrón se aliviaba de toda responsabilidad pagando (en general, pagando poco). Ahora, siguiendo los rumbos ineludibles trazados por la Corte, se establecerá que la salud del trabajador es una responsabilidad indelegable de la patronal. Y se admitirá la viabilidad de la acción civil. En Trabajo explican que el interés central de la ley será la integridad física del trabajador y cesará el principio de que el patrón se desliga totalmente de la suerte de su empleado pagando una cifra prefijada. Los costos serán mayores, aunque el Gobierno aspira a que sean previsibles, un reclamo sensato de los empleadores.
La reacción patronal ante el nuevo escenario ha sido de proverbial ferocidad. Su bandera es la sonada “seguridad jurídica”, que asocian a su estatuto de derechos de los ‘90. Carlos Tomada les señaló que la actual ley tiene 25 tachas de inconstitucionalidad y que es muy poco serio llamar a eso “seguridad jurídica”. Pero la vanguardia del empresariado argentino rehúsa someterse a las condiciones laborales que rigen en cualquier país civilizado. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se reunirá en la semana que comienza mañana con algunos de los núcleos patronales más cerriles. Deberá sudar la gota gorda para convencerlos.
Como fuera, los lineamientos esenciales de una nueva norma (aún no su texto íntegro) estarán a disposición del Presidente en pocos días. La nueva norma, nadie lo duda, será más protectora que la anterior y acatará los fallos de la Corte. Todo un ejemplo de cómo pueden recuperar funcionalidad las instituciones aun en medio del desbarajuste legal y político que todavía sigue siendo la Argentina.