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Con las manos, los protagonistas del motín arrancaban partes del techo para usarlas como proyectiles. Las paredes del penal 2 de Córdoba, construido en 1889, oponían la resistencia del hojaldre. Esos muros, durante la última dictadura militar, también sellaron la libertad de presos políticos legalizados. Veintiocho de ellos fueron fusilados desde mayo a octubre de 1976. La historia del penal es antigua en levantamientos de internos, pero también conoce de guardias proxenetas y hasta de una mesa de dinero que funcionó en la misma cárcel.
Luis Baronetto es el director de Derechos Humanos de Córdoba. El jueves, cuando empezó el motín, se reunió con algunos de los internos en el penal donde él mismo estuvo detenido un año y medio. Su primera esposa, Marta González, dio a luz allí y fue fusilada en octubre de 1976. Ambos militaban en la Juventud Peronista y fueron secuestrados en su propio domicilio en agosto de 1975. En ese momento, su hija de ocho meses se quedó con unos vecinos. El bebé nacido en cautiverio fue entregado a sus abuelos maternos.
“Allí iban los presos que se legalizaban –recordó Baronetto ante Página/12–. Como yo fui detenido previo al golpe estaba legalizado de antes. Pero también había personas que venían de La Perla y La Ribera”, dos centros clandestinos de detención señalados en el informe de la Conadep como algunos de los lugares en los que se desarrollaba la “principal actividad ilegal” en la provincia.
De la unidad 2, “desde mayo a octubre fueron sacando en tandas a los presos políticos que fusilaron, entre ellos mi mujer. Los mataron en las inmediaciones del lugar, generalmente en baldíos o espacios del monte, salvo dos personas que mataron dentro del penal. Después informaron de intentos de fuga o de rescate”, relató Baronetto.
“Esta es la historia más negra del penal”, expresó el funcionario. En la memoria del director de Derechos Humanos hay “una cárcel muy vieja, que tiene paredes grandes. En su mayoría las celdas son colectivas, por lo menos, lo eran en aquel momento”, señaló.
El levantamiento del jueves tiene antecedentes que vienen bastante de lejos. Uno de ellos, por ejemplo, data de principios de 1959. El reclamo que lo originó fue el de mejores condiciones para los reclusos. En ese momento la protesta terminó sin mayores consecuencias. Pero en la Nochebuena de 1960, otra protesta dejaría dos muertos como saldo. Dos años después, hubo otros 17 muertos en enfrentamientos. Ya en ese momento el penal estaba poblado al doble de su capacidad.
En 1998, la cárcel de San Martín albergó nada más y nada menos que una mesa de dinero, puesta en marcha por tres financistas que estaban detenidos allí. Un teléfono público les permitía estar al tanto de la información financiera, además de los contactos que conservaban en el exterior. Las autoridades penitenciarias emprendieron una investigación administrativa, pero el juez Juan José Parodi consideró que la actividad de una mesa de dinero “no implica delito, siempre que no sea usuraria”. De todos modos, Parodi admitió que se trataba de una tarea “éticamente reprochable”.
En 2001, la entonces directora del Servicio Penitenciario provincial, Graciela Lucientes de Funes, denunció que tres guardias les cobraban a los presos una tarifa de diez pesos para permitirles mantener relaciones sexuales con los reclusos del pabellón de homosexuales. Estos últimos explicaron, que de esa manera, lograban que los guardiacárceles les permitieran reunirse con sus parejas o mandarles cartas.

Informe: Daniela Bordón.