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Las secuelas del tráfico de drogas a España a través de la empresa aérea Southern Winds obligaron al relevo del jefe del Aeropuerto de Ezeiza comodoro Alberto Beltrame –cuyo hijo está prófugo–, quien fue reemplazado por el comodoro Gustavo Enrique Graziani. Si bien Walter Beltrame, de 22 años, es buscado por la Justicia desde fines del año pasado, el jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Alberto Rohde, recién dispuso el pase a disponibilidad del padre el jueves pasado. Fue el propio presidente Néstor Kirchner quien ese día puso al tanto de la causa al ministro de Defensa, José Pampuro. A partir de entonces se activó la reacción de los aeronáuticos para cubrir, por lo menos, las apariencias.
La investigación a cargo del juez en lo Penal Económico Carlos Liporace empezó en octubre del año pasado. Durante el fin de semana, fuentes de Defensa habían asegurado que el comodoro Beltrame había sido desplazado en diciembre. Ayer, sin embargo, confirmaron que recién el último viernes se relevó al jefe del Aeropuerto de Ezeiza. El vocero de la Fuerza Aérea, comodoro Guillermo Losada, se ocupó en aclarar que el padre del prófugo –quien trabajaba como empleado en Southern Winds– “no está involucrado absolutamente en nada” de la causa.
En el Gobierno se empeñaban ayer en machacar con que “éste es un tema policial” y que “la Justicia penal es la que tiene que investigar”. Beltrame deslindó toda responsabilidad en el tráfico de drogas. En el Edificio Cóndor ya era conocido el caso del hijo de Beltrame, involucrado en la investigación por narcotráfico en la que están procesados y con prisión preventiva Claudio Fernando Baudino, de 29 años, jefe de base de SW, y Fernando Arriete, gerente comercial de SW.
Según fuentes del caso, Arriete aseguró que sus superiores de SW estaban al tanto del viaje que hizo a España el prófugo Beltrame dos días antes de que la droga fuera remitida a Europa. El presidente de SW, Juan Maggi, lo negó terminantemente. Por esa contradicción, ambos fueron careados en la causa y se mantuvieron en sus dichos. Ahora, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico se encuentra analizando las pruebas que incriminan a Arriete y a Baudino y que llevaron a Liporace a dictar su procesamiento.
Apenas el caso trascendió por la prensa, la preocupación oficial fue centrarlo en lo estrictamente policial. El tema es que la empresa aérea SW fue salvada de la quiebra por la estatal Lafsa, creada a instancias del Ministerio de Planificación Federal que encabeza Julio De Vido. Los voceros de la compañía aérea deslindaron toda responsabilidad en la conducta delictiva de sus empleados, pero deslizaron que “ninguna maniobra de esa naturaleza puede realizarse sin cobertura de los encargados del control”. De esa manera apuntaron hacia los aeronáuticos.
Lo llamativo es que si la Fuerza Aérea estaba al tanto de la investigación judicial no haya informado al Ministerio de Defensa sobre una situación que, en definitiva, ponía en tela de juicio la seguridad del principal aeropuerto del país. No menos llamativo es que haya sido el propio Presidente quien puso al tanto a Defensa de la causa que salpicaba por su parentesco al jefe del aeropuerto internacional.
Para el juez se está en presencia de una “organización internacional” que encontró un mecanismo para embarcar bultos con drogas evitando los mecanismos de seguridad aduaneros.