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El Congreso reaccionó ayer ante la ola de denuncias surgidas a partir de la revelación de este diario respecto de la ley que obligaría a las empresas prestadoras de telecomunicaciones e Internet a guardar 10 años los datos de sus usuarios, ante un posible requerimiento de los servicios de inteligencia o de la Justicia. Desde distintos sectores elaboran proyectos de derogación o leyes correctivas.
El proyecto del diputado justicialista José María Díaz Bancalari, aprobado en la Cámara baja en noviembre de 2003 (el mismo día que la Cámara alta otorgó poderes especiales al jefe de Gabinete) y sancionado por el Senado un mes después, fue uno de los tantos que se transforman en leyes cuyo contenido los legisladores avalan con escaso o nulo conocimiento del mismo. Por eso ahora en el Congreso preparan una ley correctiva, encabezados por el diputado Cristian Ritondo, y en el mismo sentido se pronunciaron los socialistas (ver aparte). Aunque nadie puede negar que la ahora cuestionada Ley de Telecomunicaciones 25.873 integró el paquete de leyes que se votan sin debate en las maratónicas sesiones de fin de año, en las que se legisla al por mayor, Ritondo cargó más bien las tintas en la reglamentación de esta norma que hizo el Poder Ejecutivo al argumentar que “no se corresponde con el espíritu originario del proyecto de ley”, que sólo mencionaba a la telefonía celular. El diputado coincidió con otros de sus colegas justicialistas en que la norma “avasalla derechos individuales de los usuarios porque viola la privacidad de las personas”.
Aunque algunos diputados se quejaron del “secretismo” con que se llevó adelante el trámite parlamentario de esta ley, hay algunos que estaban al tanto y se pronunciaron en contra cada vez que les tocó intervenir en el tema. Tal es el caso de la radical Gracia Jaroslavsky, quien votó en disidencia cuando el proyecto fue aprobado en la Comisión de Comunicaciones, en 2003. “Es un instrumento que tal como lo plantea la ley puede ser sujeto a un mal uso. No todo el mundo puede ser vigilado o sospechado frente a situaciones que no tienen nada que ver, para mí era importante que existiera primero la comisión de un delito y después sí avalar este tipo de investigación. En todas las cuestiones en las que los ciudadanos pueden quedar en estado de indefensión debe ser acotada y no discrecional (la legislación) porque las libertades son sagradas y el derecho a la privacidad es sagrado”, expresó.
Por su parte, el diputado de la UCeDé Mauricio Bossa, que también se había pronunciado en contra en su momento, solicitó en su proyecto de derogación “una instancia de discusión previa a la elaboración de una norma correctiva”.