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LAURA SIRI.
“Impracticable”

“Cuanto más información quede a disposición de organismos de seguridad, más información quedará a disposición de secuestradores y otros delincuentes, si se atiende a los reiterados casos en que funcionarios de seguridad resultaron responsables de delitos”, observa Laura Siri, investigadora de la UBA y autora de Internet, búsquedas y buscadores.
Además, la norma sería impracticable: “En un par de años, cada usuario de banda ancha sube o baja unos 200 gigabytes: si la empresa prestadora tuviera que mantener registro de toda esa información, el costo resultaría de unos cien dólares por año por persona. Y además debería resguardarlo: disponer de un back up, que debería estar en otro edificio. Además, no basta con tener los datos: hay que disponer de los medios para buscar entre esa masa de información, y tales medios no existen en esa escala: por más programas como Excalibur que existan, el soft de búsqueda tiene sus límites”.
“En ningún país democrático se implementó un sistema así. En Europa, la legislación es muy estricta en proteger los datos personales, al punto de que ha habido problemas con sistemas utilizados por empresas de Estados Unidos, donde la “Patriotic Act”, aprobada después del 11 de septiembre de 2001, le facilita al Estado cometer violaciones a la privacidad; claro que nunca como con esta ley que pretende registrarlo todo”.


RICARDO BELTRAN.
“Es un disparate”

“Quienes sancionaron y reglamentaron esta ley no saben nada de tecnología –afirma Ricardo Beltrán, profesor de Informática y la Telemática en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA–. Pretender guardar los mensajes de todo el mundo, y durante diez años, muestra el desconocimiento de que, mientras en el pasado las comunicaciones eran de tipo jerárquico, actualmente son de tipo distribuido.”
“Las de tipo jerárquico, que circulaban de arriba hacia abajo, requerían centrales con mucha infraestructura; exigían altas inversiones, y no por nada las telecomunicaciones generalmente estaban a cargo del Estado. Pero hoy esta facultad está distribuida y cualquiera, con una computadora, puede generar comunicaciones. Hoy es posible lograr alcance global con menos recursos que los que permitían publicar un diario barrial.
“La contrapartida es una falta de control: quienes propician un poder vertical sienten que todo se les va de las manos, especialmente a partir del atentado a las Torres Gemelas. En ese marco se inscriben proyectos como esta ley, que es un disparate: como si se le exigiera al Correo que guarde fotocopias de toda la correspondencia, sólo que mucho peor, porque la fluidez de los medios electrónicos multiplica los contenidos hasta que el control resulta imposible.”



ARIEL VERCELLI.
“Delega soberanía”

“Uno de los despropósitos de esta ley consiste en que transfiere funciones propias del Estado a empresas privadas, que serían las encargadas de almacenar y resguardar la información –destaca Ariel Vercelli, investigador del Conicet sobre “Regulaciones en Internet”–. Ese error se inicia en la ley sancionada en 2003, y el decreto empeora fuertemente la situación.”
En la misma línea, “hay de hecho una delegación de soberanía. Porque, en un mundo de capitales trasnacionalizados, esa empresa privada a la que se le delega una función estatal de control tampoco es ‘nacional’. En este sentido, en esta política continúa el retiro del Estado de funciones que le son propias, tal como sucedió en los ’90”.
Pero, básicamente, “la ley y su reglamentación no son técnicamente correctas y van a generar violaciones a la intimidad. Evocan la línea dura que baja de Washington y agudizan la tensión política entre el control y los derechos ciudadanos”.
Además, “en internet, y a diferencia del correo tradicional, el tráfico es parte del contenido: lo que pertenece a la esfera de la privacidad no es sólo lo que diga cada mensaje sino a quién fue enviado, por qué sitios navegó la persona; todo eso quedaría registrado, según las pautas de la ley, que en realidad son imposibles de cumplir”.