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Los gobiernos nacional y bonaerense decidieron poner en marcha esta semana un comando conjunto integrado por un comandante de la Gendarmería, un prefecto general de la Prefectura y sendos jefes de la Policía Federal y la Policía Bonaerense. La orden impartida a ese comando es que impida el corte del Puente Pueyrredón y que garanticen la circulación en puentes y vías importantes. El criterio es imponer una superioridad numérica de efectivos de las fuerzas de seguridad, permitir una marcha o una concentración, pero no el corte de la circulación. Hasta ahora, a los piqueteros se los dejaba subir al puente y se buscaba acordar que dejen un par de carriles libres.
Anoche, los funcionarios manifestaban su conformidad con lo ocurrido: “Los piqueteros estuvieron razonables, no hubo agresión, no existió la necesidad de actuar y nosotros les permitimos seguir su camino, sin obstruir puntos clave. Es obvio que el día lunes las cosas serán más difíciles, porque la convocatoria incluye a los piqueteros que marcharon ayer, la Corriente Clasista y Combativa, el Bloque Piquetero y una multitud de otras organizaciones. Ayer eran algo más de mil, la lógica es que el lunes sean el triple o cuádruple. Aun así, la política será la misma”, dijo a Página/12 un alto funcionario del Gobierno.
Las instrucciones que tienen las fuerzas de seguridad son éstas:
- Conformar un vallado de efectivos que impida el paso de los piqueteros hacia el puente o la vía que esté previsto cortar.
- Dicho vallado debe ser numeroso como para disuadir a los manifestantes. La idea es que vean un bloque compacto y no intenten superarlo.
- A cada efectivo se le entrega una notificación, que debe firmar, en la que se le advierte la prohibición de portar armas de fuego. “Garantizamos que no haya armas letales”, se aventuró otro funcionario bonaerense.
- Si los manifestantes, por viveza o error en los planes de las fuerzas de seguridad, logran superar la barrera, la orden es no reprimirlos. Sin embargo, de inmediato se haría la denuncia ante la Justicia y en ese caso ya el fiscal o juez que intervenga dará las órdenes.
- En los gobiernos nacional y provincial no lo admiten, pero todo es filmado. A algún funcionario se le escapa que en realidad las filmaciones se hacen para controlar la actuación policial, pero otros reconocen que éstas se entregarían a la Justicia en caso de haber enfrentamiento.
- Si los manifestantes tratan de sobrepasar a las fuerzas de seguridad por medio de un choque, el comando unificado podría responder como se hizo a las puertas de la Rural.
La idea de que intervenga la Justicia y se haga cargo de la situación, como planteó el Presidente, naufragó esta semana. La Asociación de Fiscales fue categórica: “La prevención de delitos es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, que la ejerce a través de las fuerzas de seguridad. Los fiscales, en cambio, cumplimos con nuestras facultades con posterioridad a la comisión de un delito”. Lo mismo sostuvo la Asociación de Magistrados. Con ambos comunicados, la Justicia quiso dejar en claro que no se hará cargo de unas decisiones que consideran políticas.
En ambos gobiernos admiten que toda la movida es de alto riesgo. “La gente quiere que frenemos a los piqueteros, pero las cosas no son tan sencillas. Las organizaciones vienen con niños y mujeres. Ya se vio en la Rural y pasa en todas las marchas. No hablemos de que un policía o gendarme les pegue, supongamos por un instante que una embarazada se tropieza y pierde el embarazo, estamos ante un escándalo en el cual la opinión pública rápidamente cambiará de opinión. La cuestión es muy delicada. Hay una decisión de no dejar las cosas como están, pero corremos bastantes riesgos. Es cierto que incluso tenemos previsto cómo actuar en caso de que aparezca algún loquito dentro de las propias fuerzas de seguridad, pero tampoco es que se puede prever todo”, redondeó el funcionario.