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El proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura, además de su achicamiento, promueve algunas reformulaciones en el funcionamiento interno. Por ejemplo, unifica las comisiones de Acusación (que hasta ahora promueve los juicios políticos) y de Disciplina (que dictamina sanciones). También establece qué representantes pueden integrar cada una de las comisiones. En la de Selección, que evalúa a los candidatos a jueces, por caso, quedaron excluidos los abogados. Sólo la integrarían los jueces y los políticos del cuerpo.
En el equipo que tendrá facultades de impulsar juicios políticos se incorpora a los jueces, que hasta ahora no participaban en la etapa investigativa.
En la versión definitiva que votó el Senado quedaron finalmente incorporadas algunas modificaciones al proyecto original. Una de ellas fue una concesión a las ONG que expusieron su postura: se dispuso la publicidad total de las sesiones de todas las comisiones y del plenario. Disciplina, en la actualidad, tiene actuaciones secretas.
Y también hubo otra fuerte concesión a la corporación de los jueces: atendiendo a un reclamo que hicieron durante todo el año, el proyecto fijó un plazo de caducidad para los expedientes, estableció en tres años. El sistema prevé, de todos modos, que pasado ese tiempo si se presenta una nueva denuncia se puede abrir una nueva investigación.