El festejo y la bronca ayer se mezclaron frente al Tribunal de Lomas todo el tiempo. Allí, haciendo malabares para enfrentar un sol agobiante, los movimientos piqueteros permanecieron durante todo el día para acompañar el desenlace del juicio por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Las banderas que instalaron al pie del juzgado repetían una frase: “Cárcel a los responsables políticos”. Sin embargo, el mensaje terminó por fundirse en un grito de alegría cuando se escuchó que el ex comisario, Alfredo Fanchiotti, y su chofer, Alejandro Acosta, eran condenados a prisión perpetua. En ese momento, los bombos dieron lugar a los aplausos y el reclamo para que se profundicen las investigaciones quedó atrás del reconocimiento de la sentencia como un primer paso para esclarecer las responsabilidades de la masacre de Avellaneda.

El cruce de avenida Larroque y Camino Negro amaneció con una veintena de carpas que, desde el día anterior, armaron las organizaciones para esperar el desenlace de un proceso que duró más de siete meses. Las expectativas no eran muchas. El mensaje que se dejó oír frente a los tribunales reflejaba la certeza de que el ex comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro Acosta, serían finalmente condenados a cadena perpetua. Sin embargo, el clima que enmarcó la jornada no dejó de estar agitado. A las 16, comenzaron a llegar las columnas de manifestantes que habían arrancado con una marcha en la estación Banfield. Más de dos cuadras de piqueteros inmediatamente colmaron el frente del tribunal lomense para acompañar el fallo.

Las consignas que llevaron los movimientos fueron dos. Por un lado, destacaron que se trató de la primera vez que miembros de la Bonaerense son condenados por una represión. Pero, por el otro, volvieron a reclamar que se suba en la cadena de mandos que operó el 26 de junio y se determine la responsabilidad que tuvo el gobierno de Eduardo Duhalde. Así lo expresó Alberto Santillán, el padre de Darío, quien aseguró que se presentará como querellante en la causa que había iniciado Mabel Kosteki en la Justicia Federal para delimitar la responsabilidad política en la represión. “Tanto los fiscales como los jueces en ningún momento mostraron voluntad para profundizar la investigación. Hay un evidente grado de impunidad que no permite que esto toque el nivel político. Es cierto, es un primer paso. Pero vamos hacia el segundo. Duhalde tiene la obligación de explicarnos por qué pasó lo que pasó”, comentó a Página/12.

“Acá hay familias a las que les mataron sus hijos y que, hasta el momento, no tuvieron respuesta de la Justicia. Si nosotros conseguimos esto fue sólo por nuestra lucha. Acá no hubo voluntad de ningún gobierno para esclarecer esas muertes”, rebatió Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, minutos antes de escuchar la sentencia. A ella se sumó Aurora Cividino, herida de bala durante los incidentes, quien calificó a la represión como “un complot armado desde el Poder Ejecutivo”.

Los bombos se detuvieron en un solo momento: cuando los jueces, luego de una agotadora espera, dieron a conocer la pena de perpetua contra Fanchiotti y Acosta. Acompañados por los fogones que, al caer la tarde, comenzaron a prenderse sobre la ruta, los grupos festejaron la decisión y leyeron el documento que habían consensuado. “La sanción con las máximas penas a quienes apretaron el gatillo es un pequeño logro en la lucha incansable de las organizaciones populares y de la sociedad. Ese paso, sin embargo, se verá empañado si no se avanza en la investigación, el juicio y el castigo a quienes desde sus cargos políticos decidieron y encubrieron una represión criminal”, expresó el mensaje al que adhirieron más de 200 agrupaciones sociales y organismos de derechos humanos.

Por su parte, el CELS, que actuó como querellante en la causa, dio a conocer su posición y señaló la necesidad de que se prosiga con las investigaciones a partir de los elementos aportados en el juicio. “La decisión judicial deberá establecer pautas generales acerca de los límites del poder del aparato represivo del Estado en situaciones similares que eventualmente pueden acontecer en el futuro”, concluyó el escrito. En este sentido, si bien las agrupaciones continuaban con las denuncias sobre la falta de voluntad política para que la justicia avance sobre los funcionarios, ayer parecía haber además otras expectativas. Así lo dejó en claro Vanina: “No es que no se pueda contra los políticos. Tenemos un antecedente muy importante que es el caso Cromañón. Ahí fueron los familiares de 194 víctimas contra un solo funcionario, Aníbal Ibarra. Bueno, ahora nosotros vamos a ser muchos más contra once”.

Informe: Carolina Keve.