La sentencia que resolverá la responsabilidad política de Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno porteño por la tragedia de Cromañón se adelantó tres días: la fecha será el 7 de marzo, a las 13. Ese día, los quince miembros de la Sala Juzgadora de la Legislatura de la ciudad votarán a favor o en contra de su destitución y tendrán entre 5 y 10 minutos para fundamentar su posición. Si la mayoría consagra la destitución de Ibarra, tres días después –el 10 de marzo– el presidente del Tribunal leerá los fundamentos del veredicto, al que se incorporarán por escrito las disidencias que puedan plantear cada uno de los legisladores que formaron parte de la Sala Juzgadora. La sesión del 7 estará resguardada por un gran operativo de seguridad y el ingreso de los familiares de las víctimas estará limitado “sólo” por la capacidad del recinto.

La decisión de la Sala comenzó a discutirse antes del mediodía, se interrumpió a la tarde por la primera sesión de la Legislatura con la nueva composición que surgió tras los comicios de octubre y terminó acordándose telefónicamente por la noche. El debate que debía resolver si a la sesión que dictará la sentencia al suspendido jefe de Gobierno podrían ingresar o no los familiares de las víctimas de Cromañón y cómo sería el procedimiento para dar a conocer el fallo del tribunal político, dividió aguas en dos grandes bloques. Y en el que primó la propuesta del tándem mayoritario que conformaron kirchneristas y macristas.

Los siete votos que reunieron entre ambos –de los 15 que conforman la Sala– terminó volcando la balanza a su favor. Kirchneristas y macristas eran partidarios de una resolución rápida en la que solamente se votara y tres días después se darían a conocer los fundamentos de la sentencia. Por eso el desdoblamiento adelantó la fecha de la votación, con la intención de no dilatar más aún la resolución del juicio político que tenía como fecha tope el 10 de marzo.

El bloque que unió a los legisladores del ARI y la izquierda (4 votos) se plantó en la postura de que cada legislador pudiera fundamentar su voto en el recinto y no sólo a través de un escrito, con el argumento que no se podía dar la espalda a la sociedad sin dar explicaciones. A partir de allí, la discusión pasó por el tiempo que dispondría cada uno de los miembros de la Sala para expresar su posición. Sin embargo, no se tomó una resolución definitiva y las conversaciones siguieron telefónicamente.

La abstención de la ibarrista Laura Moresi y la decisión de la independiente Florencia Polimeni (en reposo por su embarazo) de respaldar la decisión de la mayoría, ya hacían pensar que el adelantamiento y desdoblamiento de la sesión no tendría marcha atrás. Independientemente de la postura que adoptaran los otros dos ausentes (el zamorista Gerardo Romagnoli y el socialista Norberto La Porta), la correlación de fuerzas que se marcó en la reunión ya no se modificaría. Recién por la noche y vía telefónica llegó el acuerdo que reclamaba el bloque ninoritario: cada legislador de la Sala Juzgadora tendría derecho a hacer uso de la palabra –entre cinco y diez minutos– para fundamentar su voto y que ésta sea incorporada a la versión taquigráfica. El consenso también alcanzó a la posibilidad que cada legislador pueda expresar por escrito las disidencias que podrían plantearse con los fundamentos generales de la sentencia, en caso que se produzca la destitución del jefe de Gobierno.

El otro tema que también dividió a los mismos bloques fue la presencia de los familiares de las víctimas de Cromañón en la sesión donde se votará la sentencia. Kirchneristas y macristas consideraban prudente limitar la presencia de los familiares a sólo dos representantes por cada uno de los grupos en los que se fueron nucleando los distintos familiares. Una cuestión que ya había sido rechazada por los propios familiares y que provocó otro escándalo en la Legislatura. Finalmente, para la sesión del 7 el ingreso sólo estará restringido por la capacidad del recinto en medio de un impresionante dispositivo de seguridad que ya empezó a planificarse.