El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Iribarne, anunció que la reforma al Código Penal no será enviada al Congreso en lo que queda del actual mandato presidencial porque necesita “un debate mayor”. El freno al envío se produce cuando la comisión de expertos convocada por el propio Poder Ejecutivo acaba de terminar de redactar un anteproyecto, que tiene entre sus más fuertes opositores a Juan Carlos Blumberg. De hecho, el archivo de esta reforma fue uno de los puntos que incluyó en su petitorio en la reciente marcha a Plaza de Mayo.

Iribarne hizo estas declaraciones en una improvisada conferencia de prensa en la que también habló del ingeniero. Blumberg, consideró el ministro, “parece haber entendido que no hay soluciones mágicas” en el tema seguridad. Más que “efecto Blumberg”, agregó, existe un “efecto realidad” que “le hizo ver al padre de Axel que ya no se trata de pedir aumento de penas para los delincuentes. El empieza a entender que es un problema más complejo y habla por primera vez en su discurso sobre la pobreza, de la exclusión y de la falta de educación”.

El congelamiento de la reforma del Código, que a pesar de las críticas a Blumberg tiene su sello, no fue una sorpresa, ya que Iribarne lo había anticipado tiempo atrás con palabras similares. En un escenario preelectoral y con el discurso de la derecha buscando asociar esta propuesta de reforma a la inseguridad, se consideraba improbable que la reforma avanzara. No es un tema “prioritario” repitió ayer.

El equipo de expertos que redactó el proyecto había sido convocado por el ministro anterior, Horacio Rosatti, con el objetivo de devolverles proporcionalidad a las penas fijadas por el Código, corrigiendo las modificaciones sancionadas bajo la presión de las primeras y multitudinarias marchas blumberianas. Con el Código actual, señalan los penalistas, son considerados más graves ciertos delitos contra la propiedad que ciertos homicidios. Otra de las metas de la reforma era adaptar la ley a las convenciones internacionales de derechos humanos e incluir los delitos de lesa humanidad, como el genocidio y la desaparición forzada.

La propuesta de cambios al Código incluía, al mismo tiempo, temas que generaron gran rechazo, como la idea de crear un “Régimen penal juvenil” para los menores de 18 años –con lo que no se les aplicaría el Código Penal–, la despenalización del aborto en los tres primeros meses de gestación y de la tenencia de drogas para uso personal. También proponía eliminar la reclusión perpetua, fijando la pena máxima en treinta años –-hoy puede llegar a cincuenta– y sacaba la figura de la “reincidencia”.

Cuando el anteproyecto fue presentado, en mayo, desató una fuerte polémica, especialmente por la despenalización del aborto. El texto fue sometido a una consulta pública que cosechó 7800 correos electrónicos, más de la mitad de una cadena antiabortista, y unas 900 sugerencias en papel. El proceso de consulta terminó el 15 de agosto. La versión final de la ley tuvo ajustes técnicos, pero no cambió la esencia de los puntos más conflictivos. Blumberg la tildó, ya en un principio, de “zafarrancho”, un proyecto que le parecía “escrito por los presos”, dijo.

Iribarne habló del parate a la reforma en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza, donde inauguró nuevas instalaciones en los talleres productivos. El equipo de expertos que trabajó en su redacción, encabezado por el secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar, era consciente de que el Gobierno no quería jugarse con el proyecto en este momento. Por eso aún apuestan a mantener la discusión abierta hasta después de las elecciones, para entonces intentar que se avance en un debate parlamentario. Iribarne señaló, ayer, que no habrá espacios para esa iniciativa ni este año ni el que viene. El ministro también había tenido gestos públicos en ese sentido, como el de haber anunciado el anteproyecto –candidato seguro a las críticas– poco antes del Tedéum del 25 de mayo, cuando su borrador llevaba casi dos meses listo.