Tras un breve paso por la fiscalía, Luis Gerez fue incorporado anoche al Programa de Protección al Testigo (PPT). Entre otras cosas, eso significa que se le dará un domicilio secreto y un dispositivo electrónico, conectado con una central policial, que puede accionar cuando se sienta en peligro. Al menos por ahora, la causa seguiría en manos de la fiscal Andrea Palacios. El argumento es más que polémico: aunque se trata de un secuestro –lo que debería llevar el expediente al fuero federal–, no hubo pedido de rescate.

Gerez aceptó integrarse al PPT el sábado, después de declarar durante cinco horas. El Programa incluye una mudanza a un lugar secreto, un ingreso que le proporciona el Estado y el compromiso de restringir severamente su actividad pública, ya que de lo contrario estaría muy expuesto. Una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense le contó a este diario que la persona que entra al PPT recibe un aparatito electrónico con el que puede convocar a la policía de inmediato si percibe, por ejemplo, que alguien lo está siguiendo.

Por otra parte, esta semana podría levantar la temperatura respecto de quién debe investigar el caso. Por ahora, el expediente lo maneja la Justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires a través de la fiscal Palacios y de la fiscal general de Campana, Liliana Maero. Ambas han sido muy elogiadas porque trabajaron a destajo desde el momento en que tomaron conocimiento de la denuncia.

Sin embargo, no son pocos los que consideran que ya está claro que el caso Gerez se trató de un secuestro y, por lo tanto, corresponde que el expediente pase a la Justicia federal. La instrucción estaría en manos del fiscal federal de Campana, Orlando Bosca, y de un juez considerado polémico, Federico Faggionato Márquez. Quienes sostienen que Palacios y Maero pueden seguir manejando el caso argumentan que no hubo un pedido de rescate y que eso hace que no se trate de un secuestro típico. Sin embargo, la Corte Suprema ha dicho que cuando la víctima de una desaparición es una persona que testificó en causas vinculadas a violación de derechos humanos, corresponde que actúe la Justicia federal.