El 6 de diciembre Mónica Cuñarro –ya fuera de la Ufidro– y el fiscal federal Carlos Rívolo, tras realizar un relevamiento de causas en las que se investigaban crímenes violentos en el Bajo Flores, denunciaron que la policía distraía a la Justicia para que no se detectara el origen narco de los ataques. La denuncia es de tal contundencia que produjo una reacción poco habitual en la Cámara del Crimen. Los camaristas emitieron una resolución oficial con la copia íntegra de la denuncia a todos los jueces y fiscales en lo criminal de la Capital. Fuentes judiciales acuerdan que uno de los párrafos que más preocuparon a los camaristas fue el que sugiere que las posibles complicidades con los narcos van más allá de las comisarías: “Los hechos criminales siguen a pesar del cambio de comisarios y parecen exceder el ámbito de influencia de los titulares de las dependencias policiales en los que se producen tales ilícitos”.

En uno de sus párrafos los fiscales dicen: “El racconto de todos estos casos permite vislumbrar en forma clara y certera una actitud complaciente, una desidia, una omisión y una íntima vinculación con la fuerzas de seguridad, que han dejado en manos de estos grupos el control de varios territorios, que han provocado las muertes que a la fecha se han producido, manejándose con total impunidad, tal como lo hace la mafia, de lo que se ignora el grado y participación”.

“En lo que va del corriente año más de diez personas han sido ejecutadas, lesionadas gravemente o evisceradas –luego de morir por efecto de las cápsulas de cocaína que transportaban–, en hechos cuya violencia tiene como objetivo provocar miedo en la gente que habita esos barrios. Se advertirá que, prácticamente, estas zonas son un territorio sin ley ni control, ni prevención, ni atención”, escribieron Cuñarro y Rívolo. Se describe en la denuncia una serie de “homicidios con arma de fuego, estrangulamientos, eviscerados post mortem, ingresos a la ciudad de armamento de grueso calibre, lesiones graves, robos, abusos de armas”. El caso quedó a cargo, por sorteo, del juzgado en lo criminal 48 a cargo Alicia Iermini, y la Fiscalía 10, cuyo titular es Juan Sansone.

La denuncia repasa los crímenes cuyo móvil son diversas venganzas y ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes peruanos, narrados en una serie de crónicas e investigaciones publicadas por Página/12. Establece una diferencia entre los hechos violentos ocurridos entre 1999 y comienzos del 2006 en la villa 1.11.14, y los que sucedieron luego en los barrios vecinos, Rivadavia I y Rivadavia II. Entre ellos subrayan la muerte de Brian Vigianno, un adolescente de 17 años, y la guerra urbana que le siguió entre grupos armados a comienzos de diciembre.

“La vinculación de estos hechos con el control de la venta de estupefacientes surge claramente de las constancias agregadas a la causa N I-18-11154/06, en la que a fs. 54 consta una nota periodística del diario Página/12 que relaciona todos estos sucesos entre sí, a pesar de que la certificación de la Ufidro sostenga que no guarda relación con el tráfico de drogas, siguiendo la hipótesis policial”, se lee en la denuncia. “En efecto, los policías intentan desvincular esto del tráfico de drogas”, dice.