Viernes, 9 de febrero de 2007 | Hoy
EL PAíS › PRESION Y AMENAZAS EN LOS MOMENTOS PREVIOS
Algunas de las entidades del campo habían llegado a la reunión con Alberto Fernández con planteos muy duros. La Federación Agraria y Carbap (integrante de Confederaciones Rurales Argentinas) encabezaron esa postura, en línea con lo que habían mostrado en los últimos meses. Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, acusó directamente a Guillermo Moreno de querer “dinamitar” el Mercado de Hacienda de Liniers. En tanto, Carbap no descartó futuras medidas de fuerza en caso de que el Gobierno no cumpla con su promesa de facilitar medidas a favor del campo.
Esa advertencia fue compartida por las doce sociedades rurales de La Pampa que integran la Confederación de Asociaciones Rurales de esa provincia y de Buenos Aires. Su presidente, Pedro Apaolaza, había dicho que los más de cien mil productores nucleados en la Confederación se mantienen en estado de alerta y movilización. Y no desestiman concretar acciones gremiales si el Gobierno no brinda respuestas rápidas y efectivas al agro.
Buzzi no se quedó detrás con las críticas y los reclamos. “Ya que el Estado es socio en las ganancias de los productores, esperamos que también sea socio en las pérdidas” de algunos como los afectados por las sequías o las inundaciones, había dicho antes del encuentro en Casa de Gobierno. Dio como ejemplo a los productores de cerdos y los ocho mil endeudados con el Banco Nación. En ese contexto, el dirigente adelantó, además, que si no se llega a lo que denominó una “armonización de los intereses del Estado, los productores y los consumidores”, no se descarta que los hombres del campo cumplan una nueva medida de fuerza como la realizada en los primeros días del mes de diciembre.
Buzzi, además, adelantó que si bien la discusión de las retenciones a las exportaciones quedó fuera de la agenda, desde la Federación Agraria se impulsará incluirla en un debate a partir de mediados de año. El Gobierno no quiere siquiera escuchar acerca de una revisión de esa medida, que reporta ingresos de alrededor de 8 mil millones de pesos anuales para el Estado, y es una forma de redistribuir entre los distintos sectores de la economía, tomando en cuenta el alto nivel de rentabilidad que, en promedio, muestra el sector agrícola.
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