“De centro de evacuados no queremos ni que nos hablen”, dice Miriam Aquino, con voz baja pero firme, a la cara del funcionario de la Dirección de Emergencias de la Ciudad. Miriam es una de las cinco delegadas de la Villa Cartón, ubicada bajo la autopista AU7, en Villa Soldati, que ayer fue devastada por un incendio. El funcionario intentaba convencerla de que en los centros de evacuados del Gobierno de la Ciudad había lugar para albergar a los damnificados. Más de 460 familias se quedaron sin techo y la gran mayoría perdió todo lo que tenía, pero hasta anoche se resistían a ser reubicadas en otro sitio que no fuera el terreno que ya tenían asignado por ley, en la Avenida Cruz y Varela, en el Bajo Flores. Después del incendio, los damnificados quedaron entre otros dos fuegos: los vecinos de su futuro destino no los quieren y hasta organizaron un piquete para impedir su ubicación allí (ver nota aparte) y los que viven al lado del asentamiento, en los monoblocks de Soldati, también están en conflicto con la población villera, al punto de que algunos acusan que el incendio habría sido intencional. No hubo heridos, pero 104 personas tuvieron que ser atendidas por principios de asfixia.

Miriam todavía lleva la faja tras la cirugía de hernia que le hicieron hace menos de un mes. Camina con dificultad, con la mano en el abdomen, pero ayer a la madrugada corrió por los pasillos a los gritos: “¡Fuego, vecinos, fuego!”, advertía. Eran las 6.40 de la mañana y la habían despertado los gritos de los primeros afectados.

La villa está ubicada a la altura de la Avenida Roca y Lacarra. Tiene una extensión de cuatro manzanas, donde se hacinaban 468 familias, al menos según el último censo. Son más de 2000 personas, en su mayoría niños, que buscaron refugio debajo de la autopista AU7, iniciada por Cacciatore y concluida por Aníbal Ibarra.

El fuego comenzó en el extremo sur, que da a la Avenida Roca, pero nadie sabe decir bien en cuál de las viviendas. A esa hora la mayoría de la gente dormía: muchos pobladores trabajan como cartoneros hasta las 2 o 3 de la madrugada. Las primeras cuatro dotaciones de bomberos llegaron a la media hora. “Pero no traían agua”, denunció Agustina Díaz, otra de las delegadas. Cuando llegaron los refuerzos, ya el fuego había consumido buena parte de la villa. “Yo les decía que cortaran el fuego desde atrás, desde las casillas que todavía no estaban incendiadas, pero ellos venían corriendo el fuego desde adelante. Al final, lo cortaron cuando estaba por llegar al destacamento de policía que está junto a las últimas casas”, reniega Agustina.

Las delegadas –son cinco mujeres– pusieron en alerta a todo el barrio, pero muchos no querían abandonar las viviendas porque sólo se veía humo. Pero el fuego avanzó implacable. “Yo volví a buscar algunas cosas, pero no pude y no sé por qué se me dio por cerrar la puerta con llave. No sabía que había quedado mi hija de 13 años que, por suerte, pudo abrir la puerta de una patada, casi me vuelvo loca”, recuerda Agustina.

La explosión de decenas de garrafas iba realimentando el fuego. En el cemento de la autopista quedan las huellas de los estallidos: aunque no dañaron la estructura –según informó la empresa AUSA–, la autovía quedó clausurada en sus dos manos, hasta que se hagan los estudios para determinar si sufrió daños graves. Por la misma razón, fueron evacuadas las pocas casas que se salvaron del incendio: de esos vecinos eran los muebles y heladeras que se veían ayer sobre el pasto, en un espacio verde vecino, donde estaban los evacuados. Fueron los pocos que lograron salvar alguna pertenencia.

Delia mira con desolación las chapas retorcidas de su casilla, en la manzana 1, la primera que ardió. Tiene puesta una remera y un pantalón de dormir: lo puesto fue lo único que alcanzó a sacar cuando el fuego ya estaba encima. Su yerno está revolviendo muebles y colchones chamuscados para ver si salva algo. “Aunque sea los documentos”, dice Delia. Es una de las más antiguas del barrio. Con ella viven nueve de sus 17 hijos, el mayor de 17 y el más chico de seis. “Dormía, claro, porque trabajé hasta las 2 de la mañana”, cuenta. Delia cose trapos que se utilizan para la limpieza y lo hacía hasta ayer con su máquina de coser eléctrica, que se perdió en el fuego. Ahora quiere recuperar algunas chapas. “Yo en una carpa no me meto”, asegura.

A unos metros de allí, en el espacio verde que separa lo que fue la villa del barrio de monoblocks de Soldati, se levantan cinco carpas color naranja, de lona vinílica, instaladas por Defensa Civil. Un centenar de empleados del Gobierno de la Ciudad habían sido destinados para atender la emergencia: desde los agentes de la Guardia Urbana y operarios de Higiene Urbana hasta los operadores del programa Buenos Aires Presente, habituados a atender casos de emergencia habitacional, aunque no tan masivos como éste. Dos camiones del Ejército llegan con más carpas y víveres para los evacuados.

A simple vista, los más vulnerables eran los bebés –muchos de ellos hijos de mamás adolescentes– y los niños. Para ellos estaban destinados los pañales, las mamaderas y los cartones de leche que se repartían, mientras que entre los más grandes se distribuían sandwiches de milanesa. La situación sanitaria parecía controlada, merced a unos veinte baños químicos instalados y la presencia permanente de ambulancias del SAME. Dos camiones cisterna de AySA garantizaban la provisión de agua potable.

Entre los que lograron salvar algunas cosas, María González cuenta que recién se enteró de la desgracia cuando llegó a su casa, a las dos de la tarde. “Por suerte estaba mi marido, que pudo sacar al bebé (de un año) y a las chicas (de 10, 12 y 14 años) y sacar algunas cosas”, relata. María pide que la dejen llevar adentro su garrafa y conectarla a la cocina, para calentar la leche para el bebé y agua para el mate, pero la policía no la deja entrar. Trabaja en un hogar de madres adolescentes y ayer le tocó doble turno, desde las 9 de la noche del miércoles.

María llegó con su familia desde el Gran Buenos Aires hace tres años. “Pagamos dos mil pesos por las dos piezas. Y menos mal que elegimos éstas, porque nos habían ofrecido unas allá adelante, que no me gustaron”, dice, señalando la parte arrasada por el fuego.

Sobre las causas del incendio sólo hay sospechas y presunciones. Los vecinos recuerdan que allí mismo, en noviembre, otro incendio destruyó una decena de casillas. “Fue en esa época que hubo un entredicho con los vecinos de los monoblocks. Ellos hicieron una denuncia a la policía por los carros de los cartoneros que quedaban en el costado de la villa. Y en un momento amenazaron con incendiar la villa”, recuerda Miriam. “Se lo hicimos saber entonces al ministro (del Interior) Aníbal Fernández y lo hicimos responsable de lo que pase. Y pasó”, agrega, con la denuncia en la mano. Alguien, incluso, dice que sintió olor a nafta en el momento del incendio. Pero nadie sabe ubicar bien a la familia de la vivienda donde se inició el fuego.

Los bomberos, que están a cargo de las pericias, no descartan ninguna posibilidad. La otra causa que consideran es un cortocircuito, producto de alguna conexión clandestina. Las maderas y otros materiales combustibles se encargaron del resto.

El jefe de Gobierno, Jorge Telerman, convocó a un “minigabinete de emergencia” para asistir a las familias en emergencia. La ministra de Derechos Humanos y Sociales, Gabriela Cerruti, se comprometió a garantizar alojamiento “transitorio” a las familias afectadas, para lo que dispuso de dos centros de evacuados, uno en la calle Pedro de Mendoza, en La Boca, y otro en Lacarra al 1500, en la zona del desastre, además de dos escuelas vecinas. Pero los vecinos no querían saber nada con ser trasladados.

“Nos quieren separar y no lo vamos a permitir”, insiste Agustina. “Ya tenemos asignado por ley un terreno en Avenida Cruz y Varela y no vamos a ir a otro lado.” Se refería a la ley 1987, sancionada en julio del año pasado por la Legislatura porteña, que expropiaba un predio de cuatro hectáreas destinado a viviendas sociales para los habitantes de este barrio y otros (ver aparte).

“Hagan un centro de evacuados acá”, le dice Miriam al funcionario, y señalan las tiendas de campaña donde pasarán la noche. Las delegadas del barrio, para ese entonces, habían logrado acordar con Claudio Freidín, el director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que en tres días quedaría limpio el predio para que se instalen allí las familias censadas, en viviendas transitorias, mientras se construyan las definitivas en un plazo de 120 días.

“El año pasado, cuando se incendiaron las otras viviendas, Telerman nos prometió la construcción de nuestras viviendas. Queremos que venga mañana mismo (por hoy)”, reclamaba por la tarde Roxana Pacheco, otra de las delegadas del barrio. A esa hora, el jefe de Gobierno recorría los centros de evacuados, adonde los evacuados no querían llegar. Desde La Boca, les pedía a las familias damnificadas que “vengan a los paradores, porque van a tener agua potable, camas y gente que los va a acompañar”. “Entendemos la desconfianza entre el Estado y la sociedad, y sobre todo los que más sufren, que no creen en casi nada. Pero dennos una oportunidad y vengan.”

La promesa de Freidín se topó con un problema: la negativa de un grupo de habitantes de la zona de Cruz y Varela que se negaba a tener como vecinos a los villeros. “No los criticamos, son gente que está equivocada y está siendo manipulada por el macrismo. Ellos no saben si el día de mañana sus hijos tienen la desgracia de vivir en una villa”, responde Miriam Aquino, con la mano en el vientre dolorido. “Allí no se van a construir villas, sino casas, no somos chorros ni delincuentes, y no queremos una guerra de pobres contra pobres”, dice, por si los otros quieren escuchar.