El 12 de abril de 1997 habían pasado apenas diez días de la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso. Ese día, caía muerta en Neuquén Teresa Rodríguez, una empleada doméstica que se cruzó en medio de la feroz represión a una manifestación docente. El conflicto en esa provincia había sido el disparador de la protesta destinada a nacionalizar los reclamos en medio de una política de fragmentación. Una política que repelía cualquier discusión que convirtiera a los salarios en un reclamo nacional.

Hoy, a diez años, el escenario nacional es otro, pero en la misma provincia un maestro lucha por resistir a la muerte. Otra vez la violencia como el instrumento elegido para sofocar la protesta social.

El escenario cambió porque se sancionó, el año pasado, una Ley de Financiamiento que se compromete a aumentar la inversión en educación para llegar al 6 por ciento del PBI en el 2010. Desde el 2005, la Nación traccionó los sueldos docentes a partir de la decisión de fijar pisos salariales: 700 pesos en el 2005, 840 en el 2006 y 1040 pesos este año. Una apuesta a “recentralizar” los salarios que eriza a más de un gobernador.

El anuncio oficial detonó, esta vez, protestas en varias provincias. ¿Por qué? El problema es de arrastre y la solución más que compleja. Los sueldos docentes se integran por decenas de ítems en los que el básico, es decir el monto sobre el que se calculan la antigüedad y los aportes previsionales y sociales, es muy inferior al inicial. El más postergado es Santa Cruz, con 161 pesos, mientras que el inicial trepa a 1400.

La Nación tiene previsto un fondo compensador para ir en auxilio de las jurisdicciones que no puedan afrontar el aumento del piso salarial. Sin embargo, hace apenas un mes la tensión llegó al clímax en la provincia de Buenos Aires. En el camino quedó el ministro de Economía, el gobierno provincial se avino a blanquear una porción mayor de la que había previsto, la Nación abrió la caja y prometió una ayuda extra para una provincia que no integraba el pelotón de las postergadas. Se resuelve sobre la marcha.

Las estimaciones oficiales dan cuenta de una inversión de 3000 pesos por alumno y recuerdan que en el 2003 apenas se llegaba a 800 pesos. El incremento de la inversión es un dato, pero la realidad muestra que el problema tiene aristas que complican el armado del rompecabezas. El año electoral potencia los reclamos, los anuncios y también los estilos. La represión de la protesta social, con el riesgo de llevarse vidas, es una decisión política que en democracia debería ser ya una materia borrada de la currícula.