En las dos declaraciones que hizo, en la etapa de instrucción, el ex titular de la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de la Policía Bonaerense comisario retirado Angel Casafús se abstuvo de incriminar a su ex amigo Horacio García Belsunce. Tampoco dijo nada del principal implicado en el crimen de El Carmel, Carlos Carrascosa. Era difícil, en febrero de 2003, desde la cúpula policial, salir a tirar munición gruesa –como lo hizo ahora– contra una familia de doble apellido que asumía el rol de víctima. A tres años y cuatro meses de su renuncia al cargo, en noviembre de 2003, Casafús sigue arrastrando la pesada carga de dos investigaciones a cargo de la División Asuntos Internos. Uno de los expedientes, mal que le pese, es por las dudas sobre cuál fue su respuesta frente al pedido de García Belsunce el día del crimen: “Sacame a la policía de encima”. Eso fue lo que demandó el hombre a quien Casafús llama hoy “periodista decadente” (ver nota central). La otra sospecha sobre Casafús es un expediente interno, más una causa judicial paralela, por supuesto “enriquecimiento ilícito”.

En los papeles, Casafús solicitó su “retiro voluntario” en diciembre de 2003, pero lo real es que fue un desenlace obligado por acumulación de sospechas por presuntos delitos o por ineficacia de la Dirección de Investigaciones bajo su mando en tres notorios casos de secuestros extorsivos ocurridos durante su gestión: los de Diego Peralta, Antonio Echarri y Pablo Belluscio. Los dos sumarios internos fueron incorporados en octubre de 2003, no bien el antiguo Tribunal de Etica de la Policía Bonaerense se convirtió en la División Asuntos Internos. Tan abierta está la investigación por el caso García Belsunce que ayer se incorporaron sus nuevas declaraciones que destilaban bronca contra el hermano de María Marta.

En el ámbito judicial, según pudo establecer Página/12 en fuentes cercanas a la investigación que está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones número 4 de La Plata, en febrero ingresó un estudio contable sobre los bienes de Angel Domingo Casafús, realizado por peritos de Gendarmería Nacional. En el plano interno, administrativo, la situación del ex jefe policial podría complicarse si es hallado responsable de alguna de las irregularidades que se le adjudican. Su situación podría pasar a ser la de “retiro obligatorio”, lo que significaría que perdería todos sus derechos actuales. Casafús goza de un “retiro activo”, es decir que cuenta con todos los beneficios que brinda el “estado policial”, incluyendo el pago de su jubilación y la obra social.

La causa por supuesto enriquecimiento ilícito fue iniciada a fines de 2003 por el ex titular de la UFI 4 de La Plata Víctor Violini. El caso comenzó con una denuncia del comisario Norberto Fiori e involucra a otros ex altos jefes policiales, entre ellos Aníbal Degastaldi y Alberto Cánepa. Según informó este diario el 8 de noviembre de 2003, se sospecha que Casafús estaba en el medio de un circuito de coimas procedentes del juego, la prostitución y la droga. Se lo investiga como presunto propietario de una flota de vehículos, una distribuidora de café y tres embarcaciones. Demasiado para un solo comisario.

“Nunca hubo una investigación de la brigada (antisecuestros), de manera que lo que queremos es que la causa se reabra y se investigue a los policías.” Emilse Silva, la mamá de Diego Peralta, le dijo a este diario que tanto Casafús como su ex subordinado José Hernández, hoy preso, debían ser investigados por las irregularidades en el caso, que terminó con el asesinato del joven secuestrado. Los camaristas platenses Alberto Durán y Sergio Dugo, en enero de 2003, dijeron que hubo “un desastroso accionar policial” tanto en el caso Peralta como en el secuestro de Echarri.