En una indiscutible victoria para el presidente George W. Bush y sus métodos de lucha contra el terrorismo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó esta semana el derecho de los presos en Guantánamo a recurrir su situación ante los tribunales norteamericanos, un derecho esencial consagrado en la Constitución pero que se les niega a los detenidos de Guantánamo por considerarlos combatientes extranjeros irregulares. Varias organizaciones civiles repudiaron el fallo.

Se trata de una decisión crucial, desalentadora para los presos y para las organizaciones de derechos humanos que habían batallado durante años contra la irregularidad de la prisión de Guantánamo, que cierra las puertas de la Justicia ordinaria norteamericana –al menos por ahora– a los cerca de 400 detenidos en esa base militar estadounidense en la isla de Cuba, de los que apenas una decena ha recibido cargos en su contra. A pesar de su fallo, el Supremo no descarta volver a pronunciarse en el futuro si la situación legal de los presos se deteriora más aún.

De momento, los presos tendrán, por tanto, que defender su situación, primero, ante unas comisiones militares especiales encargadas de dictaminar la legalidad de su detención, y, posteriormente, ante otros tribunales castrenses, que los juzgarán. Los abogados de los detenidos consideran que, aunque éstos no se encuentren físicamente en territorio norteamericano –Guantánamo es, formalmente, de soberanía cubana–, sí están bajo custodia de personal militar norteamericano y en una base de la que es propietaria Estados Unidos, por lo que deberían ser protegidos por los mismos derechos que cualquier otro ciudadano norteamericano o extranjero en este país.

La mayoría del Supremo, sin negar explícitamente esa argumentación, consideró que el gobierno está legitimado a tratar a los presos como combatientes extranjeros y a mantener, por tanto, el procedimiento de comisiones militares de acuerdo con la ley antiterrorista aprobada al año pasado por el Congreso –todavía entonces de mayoría republicana– para autorizar, específicamente, ese modelo de tribunales. De esta forma, el gobierno de Bush intentará, a partir de ahora, acelerar la comparecencia de los presos ante las comisiones militares con el objeto de establecer un status legal definitivo en Guantánamo y evitar nuevas acciones judiciales en contra.

“Se trata de una decisión decepcionante e injusta que respalda una iniciativa del Parlamento que claramente sorteaba la ley”, declaró el lunes pasado, tras conocerse la noticia, Michael Ratner, presidente del Centro por los Derechos Constitucionales, uno de los grupos que ha dirigido la batalla legal por los presos de Guantánamo.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.