La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, coleccionó denuncias en la Justicia por la supuesta defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Luego de que se difundiese la versión de que Picolotti contrató a familiares con sueldos exorbitantes, alquiló irregularmente aviones e inmuebles y desvió fondos a través de una fundación para evadir controles, los opositores hicieron cola para denunciarla ante el juzgado de Ariel Lijo. El primero en presentar una querella fue el abogado Ricardo Monner Sans, al que le siguió el peronista Juan Ricardo Mussa. Por su parte, el abogado Enrique Piragini la denunció ante el juez Julián Ercolini. El abogado exigió que se determine “cuál fue el mecanismo de designación de algunos abogados que intervinieron asesorando a nuestro país en el disparate de ir a presentarse ante la Corte Internacional de La Haya”. En tanto, el diputado del ARI, Adrián Pérez, presentó otra denuncia ante el juez Lijo por presunta malversación de fondos públicos y administración fraudulenta. Pérez –quien también presentó una de las denuncias por el caso Skanska– hizo énfasis en “la excesiva participación de amigos y parientes”, en el “uso de aviones privados para viajar a destinos para los que existen servicios de línea” y, especialmente, en el rol de la Fundación ArgenINTA para la contratación de empleados. Según Pérez, ese “sello” fue usado por Picolotti para “tercerizar” las contrataciones. El diputado del ARI también presentará un pedido de informes a la Secretaría de Medio Ambiente en el Congreso, aunque todavía no había definido si reclamará la interpelación o que comparezca en la Comisión de Medio Ambiente.