Martes, 8 de enero de 2008 | Hoy
EL PAíS › ARGUMENTOS CONTRA LA INTERVENCION DE LA OBSBA
Por Eduardo Videla
Si la pelea por los despidos entró en una tregua, la batalla por la intervención de la obra social de los municipales ingresó de lleno en el terreno judicial. La jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Aramburu de Libertatori le pidió ayer al gobierno porteño medidas de prueba que sustenten los argumentos del decreto de necesidad y urgencia 1/08, por el cual el jefe de Gobierno intervino la obra social. Otra norma firmada por Macri el Día de los Inocentes podría ser el principal escollo para la legalidad de la intervención. La disputa se trasladará en dos días a la Legislatura, donde el macrismo primero debe reunir 31 legisladores para tener quórum y luego conseguir los votos necesarios para ratificar aquel decreto.
Para el abogado de la Obsba, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el decreto formado por Mauricio Macri y su gabinete el primer día hábil de este año es “nulo e inconstitucional”. “El Ejecutivo no puede intervenir por decreto un organismo que está creado por ley. Y el decreto no cumple con los requisitos de procedencia que impone la Constitución de la ciudad”, explicó Gil Domínguez. Para explicarlo en otras palabras: si el gobierno quería impulsar la desregulación de la Obsba, como argumentó, podría haber enviado un proyecto de ley a la Legislatura.
Otro abogado que asesora al gremio, el ex subsecretario de Trabajo Alejandro Pereyra, considera que pude haber algún “elemento extorsivo” en el decreto. Es que en el boletín oficial del viernes, junto al decreto 1/08 de la intervención, aparece otra norma, firmada por Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Néstor Gindetti el viernes 28 de diciembre. Ese decreto nombra como vicepresidente de la Obsba a Jorge Rey –el mismo que ahora fue designado interventor– y a Juan Dallaglio como miembro del directorio, en representación del Estado, ya que se trata de una obra social mixta. “Es decir que el gobierno, ese día, no tenía argumentos para intervenir la obra social. ¿Qué hubo en medio de esa decisión y el decreto de intervención que firmó el primer día hábil posterior? El paro de los municipales”, argumenta Pereyra.
Ayer, Macri hizo un juego de palabras con el apellido de la jueza. “Quiero pedirle a la jueza Liberatori, valga la coincidencia, que libere a los empleados de la ciudad”, dijo, en alusión a la desregulación, que permitiría a los municipales que lo deseen pasarse a otra obra social.
Por su parte, la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, reclamó que “todos los políticos de la ciudad deberían estar del mismo lado, trabajando para que el Estado vuelva a cumplir las funciones que tiene que cumplir”, e incluyó en su exhortación a “los colegas kirchneristas y a (el ex jefe de Gobierno y actual legislador) Aníbal Ibarra”.
Hacía referencia al tratamiento, el jueves, de la ratificación del decreto. Allí habrá una nueva polémica, ya que según los abogados del gremio, la norma debe ser aprobada por una “mayoría absoluta” del cuerpo, es decir, la mitad más uno de los integrantes, lo que equivale a reunir 31 votos.
Ayer, antes de reunirse con Macri, el titular de Sutecba, Amadeo Genta, emitió un comunicado mediante el cual “repudia” la posible sustracción de documentación denunciada por el gobierno porteño. “Se pondrán a disposición de la Justicia todos los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos”, dice el comunicado. El sábado, personas no identificadas cargaron en un auto y en una camioneta, en la sede de la obra social, paquetes que podrían contener documentación de la Obsba.
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